El Estado recauda más en impuestos de combustibles de lo que subsidia

El Gobierno dominicano ha anunciado que destina miles de millones de pesos en subsidios para mitigar los incrementos internacionales de los combustibles. Sin embargo, según datos oficiales de la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), entre enero y octubre de 2026, el Estado recaudó aproximadamente RD$78,675.3 millones en impuestos sobre los combustibles. Paralelamente, el gobierno comunicó que los subsidios acumulados durante el año superaban los RD$44,000 millones.

La diferencia entre la recaudación tributaria y los subsidios alcanza los RD$34,675.3 millones. Esto significa que el Estado recibe más dinero en impuestos de los combustibles de lo que destina a subsidios. A pesar de esto, los precios de los combustibles han aumentado significativamente. Por ejemplo, la gasolina premium pasó de RD$290.10 a RD$362.10 por galón, lo que representa un incremento de RD$72 por galón. El gasoil óptimo también subió de RD$242.10 a RD$322.10, un aumento de RD$80 por galón.

Un ciudadano que consume 30 galones mensuales de gasolina premium enfrenta un gasto adicional de RD$2,160 cada mes. Si esos precios se mantuvieran durante un año, el costo adicional sería de RD$25,920. Los impuestos sobre los combustibles representan alrededor del 29.2% del precio final. Para la gasolina premium, RD$105.63 de cada galón corresponde a impuestos.

La nota plantea la posibilidad de reducir los impuestos para aliviar el bolsillo de los consumidores. Si el gobierno decidiera reducir a la mitad los impuestos específicos y ad valorem, el precio del galón de gasolina premium podría disminuir aproximadamente RD$52.82, pasando de RD$362.10 a RD$309.28. Para un consumidor que usa 30 galones mensuales, esto representaría un ahorro de alrededor de RD$1,584 cada mes.

La ciudadanía tiene derecho a conocer la ecuación completa de los subsidios y los impuestos, no solo el componente que aparece en los anuncios oficiales. La palabra 'subsidio' no debe ser usada como un título que cierre cualquier discusión, sino que debe someterse al examen de las cifras, de sus fuentes de financiamiento y de sus efectos reales sobre el poder adquisitivo de los ciudadanos.