Inversión pública: el enfoque cambia a la productividad, no solo al monto

El gobierno dominicano está redefiniendo su política de inversión pública, enfocándose en medir su impacto en la productividad y el bienestar, no solo en el monto invertido. Esta nueva visión busca garantizar que los recursos se utilicen de manera eficiente para impulsar el crecimiento económico a largo plazo.

La inversión pública no se mide solo por el volumen de gasto, sino por el aumento de la capacidad productiva del país. Por ejemplo, una carretera que reduce costos logísticos puede mejorar la productividad de miles de empresas, mientras que un sistema de transporte masivo puede ahorrar tiempo de desplazamiento. La infraestructura digital también puede ayudar a las pequeñas empresas a acceder a mercados globales.

Para 2026, el Presupuesto General del Estado contempla RD$215,284.7 millones de gasto de capital, lo que representa 2.5% del PIB. Sin embargo, este monto no debe confundirse con la ejecución de proyectos de inversión pública del SNIP, ya que el gasto de capital incluye categorías más amplias.

El enfoque actual no solo se centra en invertir más, sino en invertir mejor. La República Dominicana tiene ventajas en turismo, zonas francas, agroindustria y logística, pero el desafío es elevar el valor agregado de estas actividades. Esto implica desarrollar proveedores nacionales, mejorar la integración entre empresas locales y exportadoras, y facilitar la transferencia tecnológica.

En el sector agrícola, la oportunidad está en avanzar desde productos primarios hacia procesamiento, certificación y trazabilidad. En manufactura, el reto es elevar el contenido tecnológico. En servicios, hay oportunidades en áreas profesionales, tecnológicas, financieras y de ingeniería.

La inteligencia artificial puede ser una herramienta clave para aumentar la productividad, pero su impacto no es automático. Se requiere infraestructura digital, capacitación, bases de datos de calidad y procesos empresariales rediseñados. En el sector público, la IA puede reducir costos administrativos, mejorar procesos y facilitar servicios al ciudadano, pero solo si se acompañan de sistemas adecuados y reglas claras.

La OCDE ha señalado obstáculos como restricciones al emprendimiento, dificultades de financiamiento y bajos niveles de innovación. Para superar estos desafíos, se propone una agenda de crecimiento para 2027-2030, con ocho áreas clave: proteger la inversión pública de alto retorno, evaluar proyectos, fortalecer la infraestructura logística, invertir en capital humano, acelerar la adopción de inteligencia artificial, aumentar el valor agregado de las exportaciones, reducir la informalidad y medir resultados con indicadores de productividad.

La inversión pública ha experimentado una recuperación notable desde 2021, pasando de RD$50,925.6 millones en 2021 a RD$118,710.6 millones en 2025. En términos del PIB, la inversión pasó de 0.9% a 1.5%. Sin embargo, la estructura de inversión aún refleja desequilibrios, como el transporte que representa el 46% de la inversión pública, mientras que el capital humano y la creación de conocimiento apenas alcanzan el 2%.

El desafío del país no es el estancamiento económico, sino convertir una economía de rápido crecimiento en una que aumente de manera sostenida su productividad. La evidencia muestra avances importantes, como el aumento de la productividad laboral y el potencial de crecimiento dentro de la región. La inversión física seguirá siendo indispensable, pero se requiere complementarla con educación técnica, innovación, digitalización, investigación aplicada, inteligencia artificial y fortalecimiento institucional.