¿Mejora el Estado de derecho en República Dominicana?

Desde 2010, el concepto de Estado social y democrático de derecho ha estado presente en República Dominicana, con la Constitución de ese año que lo estableció oficialmente. A pesar de algunos avances, como la independencia del Ministerio Público, persisten desafíos en la independencia judicial, el cumplimiento de sentencias y la confianza de la ciudadanía en las instituciones.

Según datos de Transparencia Internacional, el país mejoró su puntuación en el índice de Estado de derecho de 28 puntos en 2020 a 37 en 2025. Sin embargo, el World Justice Project coloca a República Dominicana en el puesto 77 de 143 en 2026, lo que indica que aún hay mucho por hacer. Además, el apoyo a la democracia ha disminuido, según Latinobarómetro, pasando del 55% en 2020 al 47% en 2026, mientras el 68% de los ciudadanos se sienten desrepresentados por el Congreso.

El incumplimiento de sentencias judiciales es un problema grave. Por ejemplo, hay casos en los que jueces ordenan la devolución de bienes a ciudadanos, pero las autoridades no cumplen con esas órdenes. Según estimaciones, la administración actual podría dejar una deuda por condenas no cumplidas superior a RD$150,000,000,000. También hay denuncias de que algunos funcionarios usan procesos legales para excluir a competidores en licitaciones públicas, lo que se considera competencia desleal.

Otro punto preocupante es el uso de medidas cautelares como si fueran penas, sin una justificación individualizada. Algunas personas bajo estas medidas podrían beneficiarse de la extinción de la coerción si el proceso judicial se prolonga más de lo permitido por la ley. Además, hay denuncias de que más de 50,000 órdenes de arresto pendientes no se han ejecutado, lo que afecta la seguridad pública.

El populismo punitivo también es un tema de debate. En algunos casos, se usan calificaciones como terrorismo o lavado de activos sin pruebas concretas. Esto puede llevar a una injusticia legal. Por otro lado, el Decreto 382-25 de 2025 estableció la estructura de la Unidad Antifraude de la Contraloría, pero se cuestiona si esa unidad tenía competencia antes de su formalización, especialmente porque el control externo está reservado a la Cámara de Cuentas, que ha sido afectada en el pasado.

Finalmente, se menciona el caso de Smaily Rodríguez, fiscal del San Francisco de Macoris, quien fue obligada a renunciar por desacato reiterado. Este caso resalta la necesidad de que los jueces también cumplan con las sentencias vinculantes del Tribunal Constitucional, algo que hasta ahora no ha sucedido.

En resumen, aunque hay mejoras en algunos índices, la realidad institucional y la confianza ciudadana siguen siendo un reto para el Estado de derecho en República Dominicana.