Ley 311-14 pone en duda su validez por no ser aprobada como orgánica

La Ley 311-14, aprobada en el país, establece que ciertas personas deben revelar su patrimonio, incluyendo ingresos, cuentas, inversiones y activos, ante el escrutinio estatal. Esta medida busca promover la transparencia patrimonial, especialmente entre funcionarios públicos y miembros de entidades estatales.

Sin embargo, según análisis constitucionales, la ley no fue tramitada ni aprobada como ley orgánica, lo que es un requisito legal para regular derechos fundamentales como la privacidad patrimonial. El artículo 112 de la Constitución establece que solo una ley orgánica puede regular la función pública o derechos fundamentales, y la Ley 311-14 no cumple con este requisito.

El Tribunal Constitucional (TC) ha señalado en casos anteriores, como la TC/0743/25, que cuando una ley no lleva la nomenclatura de ley orgánica, puede ser declarada no conforme con la Constitución. En este caso, los trabajos legislativos del Senado no muestran que la Ley 311-14 haya sido tratada como orgánica, ni en su encabezado ni en su articulado.

Aunque la ley establece que los funcionarios deben hacer una declaración jurada de bienes, como lo exige el artículo 146.3 de la Constitución, esto debe cumplirse junto con las garantías constitucionales que protegen la privacidad patrimonial. La falta de tramitación orgánica pone en duda si la ley respeta estas garantías.

El artículo 44.2 de la Constitución protege los datos personales y patrimoniales, sometiéndolos a ciertas garantías. La Ley 311-14, al obligar a revelar información patrimonial, interviene en este derecho fundamental. Según el Tribunal Constitucional, la regulación de este tipo de información requiere una tramitación orgánica, y la mayoría calificada no basta para considerar una ley como orgánica si no se cumple con los requisitos de tramitación.

Además, se plantea la cuestión de si la palabra 'administradores' en la ley puede interpretarse como 'consejeros', algo que se abordará en próximos análisis. Mientras tanto, la validez de la ley sigue en debate, ya que su tramitación no cumple con los requisitos constitucionales establecidos.