Diputados y senadores discuten si aplazar la responsabilidad penal de empresas

El debate sobre la responsabilidad penal de las empresas ha generado posiciones encontradas entre legisladores dominicanos. El diputado del PRM, Carlos Sánchez, defendió que las empresas deben cumplir con el nuevo marco legal sin excepciones, recordando que el Código Penal entró en vigor en agosto y que las disposiciones específicas sobre responsabilidad penal corporativa fueron aplazadas para una fecha posterior. Para Sánchez, el sector empresarial ya tenía tiempo suficiente para prepararse y no ve razón para posponer su entrada en vigor.

Por otro lado, el diputado Eugenio Cedeño consideró que podría ser útil evaluar una extensión del plazo, especialmente para micro, pequeñas y medianas empresas, debido a los costos económicos, logísticos y operativos que implica adaptarse a las nuevas normas. Propuso la creación de una mesa de trabajo entre el Ministerio de Trabajo, la Defensa Civil, el Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes, y la Procuraduría General de la República, junto con representantes del empresariado, para diseñar modelos de cumplimiento más accesibles.

El diputado Amado Díaz, vocero de la bancada oficialista, aseguró que la propuesta aprobada en el Senado será analizada por la Cámara de Diputados y que se le dará el tratamiento legislativo correspondiente. Mientras tanto, el senador Dagoberto Rodríguez consideró que el Congreso podría evaluar mecanismos para facilitar la adaptación del sector empresarial, siempre que se mantenga el objetivo de garantizar el cumplimiento de la ley.

El diputado Alcibíades Tavárez, del partido Fuerza del Pueblo, apoyó la prórroga de dos años, argumentando que es necesario dar tiempo a las empresas, tanto grandes como pequeñas, para adaptarse a las nuevas exigencias legales. Destacó la importancia del sector empresarial en la economía nacional, representando el 85% del Producto Interno Bruto del país.

Las posiciones reflejan un debate abierto: algunos legisladores defienden el cumplimiento inmediato de las disposiciones, mientras otros consideran que se debe evaluar las dificultades que enfrentan las empresas para implementar mecanismos internos de prevención y cumplimiento. El punto de coincidencia es que el sector empresarial debe ajustarse a las nuevas exigencias legales, aunque persiste la discusión sobre si corresponde mantener la fecha prevista o conceder un período adicional.