Tribunal aplaza decisión sobre 21 incidentes en juicio contra Jean Alain Rodríguez

El Segundo Tribunal Colegiado del Distrito Nacional decidió diferir la decisión sobre 21 incidentes presentados por las defensas de Jean Alain Rodríguez y otros acusados en el juicio por corrupción administrativa. La decisión fue tomada a solicitud del Ministerio Público, que argumentó que los planteamientos de las defensas deben ser analizados junto con el fondo del proceso para evitar retrasos y garantizar un desarrollo eficiente del juicio.

Las magistradas del tribunal, Yissel Soto, Clara Nivar y Harlin Elizabeth Rosario, explicaron que los incidentes requieren un análisis profundo de los hechos, las pruebas y las circunstancias particulares de cada acusado. Entre los aspectos a examinar figuran el período en que ocurrieron los hechos, la forma en que se obtuvieron los elementos probatorios, la individualización de las conductas imputadas y el origen del derecho de propiedad sobre los bienes incautados.

El Ministerio Público rechazó los nuevos plazos solicitados por las defensas, argumentando que los recursos debían haberse presentado durante la audiencia. La procuradora de corte Mirna Ortiz, de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA), señaló que las decisiones cuestionadas fueron adoptadas durante la audiencia, por lo que los recursos debían plantearse en ese mismo escenario.

El tribunal dispuso que el recurso de oposición sea debatido oralmente el próximo miércoles 4 de noviembre, a partir de las 9:00 de la mañana. Asimismo, la audiencia se reanudará el 11 de noviembre de 2026, a las 9:00 de la mañana, y continuarán recibiendo documentaciones a través de la plataforma digital.

Jean Alain Rodríguez, exprocurador general de la República, y los demás acusados enfrentan un proceso judicial por presuntas irregularidades y malversación de fondos públicos que, según la acusación del Ministerio Público, superan los RD$6,000 millones. El caso se encuentra en la etapa de juicio de fondo, donde el tribunal deberá examinar las pruebas y los argumentos de las partes antes de emitir una decisión sobre la responsabilidad penal de los procesados.