Abogado propone prórroga para adaptación de empresas al nuevo Código Penal

El abogado Carlos Salcedo consideró admisible y necesaria la prórroga del plazo para la entrada en vigor de las disposiciones del nuevo Código Penal que establecen sanciones para empresas por defectos en su organización, dirección, control y fiscalización. Según Salcedo, la extensión del plazo debe ser razonable y permitir que las empresas realicen las adecuaciones necesarias para cumplir con las nuevas exigencias de la legislación penal.

El jurista destacó que existe una diversidad de empresas, especialmente pequeñas, medianas y micromedianas, que podrían carecer de los recursos económicos y de las capacidades organizativas para afrontar de inmediato los desafíos que representa este nuevo régimen de responsabilidad penal. Por eso, Salcedo insistió en que el estado debe proveer mecanismos institucionales adecuados para la defensa de las empresas que no tengan los recursos, y permitir que las que sí los tengan puedan prepararse para hacerlo debidamente.

El abogado explicó que el período de prórroga, sea de uno, dos años o el tiempo que determinen los legisladores, debe establecerse sobre la base de una evaluación de las necesidades reales de adecuación empresarial y de los mecanismos requeridos para garantizar la aplicación efectiva de la ley. También consideró indispensable que la legislación que disponga la extensión del plazo identifique los problemas que podrían enfrentar las empresas y las medidas necesarias para facilitar su adaptación al nuevo marco jurídico.

Salcedo destacó que las nuevas disposiciones representan uno de los cambios relevantes introducidos por el Código Penal dominicano, debido a que contemplan consecuencias penales vinculadas con deficiencias en la estructura organizativa, la dirección y los sistemas internos de control y fiscalización de las empresas. La adaptación no implica únicamente disponer de más personal y recursos económicos, sino también revisar las normas internas, los procedimientos y los protocolos de prevención de cada compañía.

El magistrado insistió en que la prórroga debe sustentarse en criterios de tutela de derechos, seguridad jurídica y garantías procesales, para evitar que las empresas se enfrenten a un régimen sancionador sin contar con condiciones suficientes para adecuarse a sus exigencias. Un plazo de transición debidamente justificado permitiría a las empresas prepararse para cumplir con la nueva legislación y contribuiría a una aplicación más efectiva y equilibrada de las disposiciones penales.