Caso de 23 años vuelve a los tribunales por prescripción

Un hombre condenado a 20 años de prisión por un caso que data de hace 23 años regresó a los tribunales. La Tercera Sala de la Corte de Apelación de Santo Domingo aplazó el caso para el 23 de noviembre, para que el imputado, Cesar Miguel Trinidad, sea trasladado al tribunal y se conozca el fondo del recurso de apelación. Según los abogados de la defensa, Manuel García y Andrés Abrincole García, el caso fue ventilado con un documento falsificado y, además, está prescrito por el paso del tiempo. El imputado fue condenado a 20 años de prisión y al pago de una indemnización de un millón de pesos, por alegado abuso sexual.

Los abogados sostienen que su cliente no cometió los hechos que se le imputan y que han transcurrido 23 años desde la acusación incoada en su contra. El documento falsificado, según los abogados, fue remitido al entonces fiscal del Distrito Nacional, Máximo Aristy Caraballo, por Berta Mabel Soto, querellante, con el interés de apropiarse de los bienes del imputado y de sus familiares.

El caso se presentó en el 2024 y fue procesado en el 2026, en un momento en que los tribunales penales de la República aplicaban el Código de Procedimiento Criminal, que establecía que los crímenes prescribían a los 10 años. Según los abogados, el plazo de prescripción ya está ampliamente vencido, por haber transcurrido 23 años desde la acusación. Por ello, solicitan que se declare la extinción de la acción penal por prescripción a favor de Cesar Miguel Trinidad, así como la inmediata puesta en libertad, el cese de toda medida de coerción que pese en su contra y el archivo definitivo del proceso.

Los abogados también piden que se anule la Sentencia Penal Núm. 54804-2026-SSEN-00161, emitida el 13 de mayo del 2026, por considerar que viola la Constitución de la República. Si la prescripción no es acogida, los abogados solicitan que se revocar o anule la sentencia. El caso se reanudará el 23 de noviembre, cuando se conocerá el fondo del recurso de apelación y se revisará la medida de coerción.

Los hechos, según los abogados, ocurrieron entre los años 2000 y 2002, aunque las fechas exactas no están precisadas. La denuncia se presentó en el 2024, y el procesamiento se llevó a cabo en el 2026, cuando ya prevalecía el Código de Procedimiento Criminal, que establece que los delitos prescriben a los 10 años.