Reglas sin base legal pueden afectar a empresas y ciudadanos

El Tribunal Constitucional ha anulado varias disposiciones administrativas que no tenían base legal, afectando a empresas y ciudadanos. En 2012, el Tribunal anuló una resolución de 2001 que afectaba a Exxon Corporation, porque se basaba en una ley ya derogada. Esta decisión mostró cómo una regla sin fundamento legal puede poner en duda derechos reconocidos durante años.

La Constitución establece que las autoridades administrativas no pueden crear procedimientos o obligaciones que no estén autorizados por la ley. Por ejemplo, en 2023, el Tribunal anuló una resolución del Ministerio de Trabajo que modificaba aspectos del régimen del trabajo doméstico, porque no estaba respaldada por la ley. Lo mismo ocurrió con una resolución del Consejo del Poder Judicial en 2020, que extendía el registro obligatorio de actos notariales sin base legal.

Los ayuntamientos también pueden aprobar normas que afecten a comercios e industrias, pero deben cumplir con requisitos como la consulta pública. En 2025, el Tribunal anuló una resolución del Concejo de Regidores de Higüey sobre autorizaciones de uso de suelo, porque no se respetaron esos requisitos. La sentencia aclaró que la competencia para otorgar esos permisos corresponde a las oficinas de Planeamiento Urbano, no a los concejos de regidores.

Las empresas y ciudadanos afectados por reglas sin fundamento legal pueden impugnarlas ante el Tribunal Constitucional. Para ello, deben revisar si la norma tiene base legal, si la autoridad que la emitió tiene competencia para hacerlo y si se respetaron los procedimientos legales. Según la Ley 13-07, hay un plazo de 30 días desde la notificación o publicación oficial del acto para presentar una impugnación.

La Ley 167-21 establece que para propuestas económicas y sociales significativas, se debe realizar una consulta pública de 45 días hábiles, salvo excepciones previstas en la ley. Esta medida permite detectar costos o impactos antes de que una norma se apruebe. Una exigencia aparentemente menor puede obligar a renovar maquinaria, paralizar obras o elevar los costos de un sector completo.

La seguridad jurídica exige que los cambios regulatorios respeten la Constitución y las leyes. Antes de invertir en cumplir nuevas reglas, es importante revisar su fundamento, evaluar sus costos y comprobar los plazos para cuestionarlas. La autoridad de una resolución no proviene de la firma de quien la dicta, sino de la ley que le permite hacerlo.