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¿Fiscalización legítima o persecución selectiva de negocios chinos en RD?

Se plantean dudas sobre la forma en que se han clausurado y sancionado negocios chinos en República Dominicana.

Por Equipo editorial de Resumen

·Actualizado

¿Fiscalización legítima o persecución selectiva de negocios chinos en RD?

Foto: El Jaya

En arroz y habichuelas

  • Inversiones chinasafectan empleos y dinamizan la economía, pero su cierre puede impactar a trabajadores dominicanos.
  • Clausurasse cuestiona si se aplican de manera proporcional y legal, lo que podría afectar la confianza en instituciones.
  • Ley 176-07establece límites a la autonomía municipal, lo que podría influir en cómo se fiscalizan negocios.
  • Seguridad jurídicaes clave para atraer inversiones, pero se cuestiona si se mantiene con la actual fiscalización selectiva.

Durante los últimos años, República Dominicana ha visto un aumento en la presencia de negocios chinos, especialmente en grandes plazas comerciales. Estas inversiones han generado empleos, dinamizado el mercado inmobiliario y contribuido a la economía del país. Sin embargo, en los últimos meses, se han reportado una serie de inspecciones, clausuras y hasta la demolición parcial de una infraestructura comercial de capital chino en Santo Domingo, lo que ha generado interrogantes sobre si estas acciones son parte de una fiscalización legítima o si reflejan una persecución selectiva.

Las autoridades gubernamentales argumentan que ningún inversionista, independientemente de su nacionalidad, debe estar exento del cumplimiento de las leyes dominicanas. La evasión fiscal, las violaciones laborales, la competencia desleal y el incumplimiento de normas de construcción deben ser sancionados. Sin embargo, se cuestiona si en cada caso se han seguido los procedimientos legales adecuados, si se han notificado las irregularidades y si las medidas tomadas son proporcionales a las infracciones detectadas.

Además, se plantea la posibilidad de que algunos alcaldes estén aplicando multas y cierres de establecimientos comerciales bajo criterios cuya legalidad y proporcionalidad merecen ser examinadas. La Ley 176-07 establece límites y procedimientos que las autoridades municipales deben seguir, evitando que la fiscalización se convierta en un instrumento de coerción económica.

Las consecuencias de estos cierres no afectan solo a los propietarios de los negocios, sino también a trabajadores dominicanos, proveedores, arrendadores y familias que dependen económicamente de esas operaciones. Se cuestiona si las instituciones públicas también son responsables de garantizar una fiscalización equitativa y no estigmatizar a los inversionistas por su nacionalidad.

En un contexto geopolítico, se menciona la posible influencia de la relación entre República Dominicana y Estados Unidos, así como la creciente rivalidad entre Washington y Pekín. Aunque no hay evidencia concluyente de presiones extranjeras, se insiste en que la política exterior debe priorizar los intereses nacionales y no las confrontaciones entre grandes potencias.

Finalmente, se subraya la importancia de la seguridad jurídica para atraer inversiones extranjeras y mantener la confianza de los inversionistas. Un Estado democrático debe aplicar sus leyes de manera imparcial, razonable y proporcional, sin caer en la severidad selectiva.

Fuentes consultadas

Esta nota se redactó y contrastó con la cobertura de El Jaya.

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