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Política

Transparencia y _lawfare_ en debate: desafíos en la administración pública

El país enfrenta el reto de equilibrar la transparencia con el uso estratégico del derecho en la administración pública.

Por Equipo editorial de Resumen

·Actualizado

Transparencia y _lawfare_ en debate: desafíos en la administración pública

Foto: El Nuevo Diario

En arroz y habichuelas

  • Transparenciaes una obligación legal, no una opción, lo que significa que las instituciones deben actuar con responsabilidad y rendición de cuentas.
  • Lawfareno toda investigación judicial es persecución política, lo que exige prudencia al usar el término para deslegitimar procesos legales.
  • Acceso a la informaciónlos ciudadanos enfrentan obstáculos para conocer cómo se manejan los recursos públicos, lo que afecta su capacidad para exigir responsabilidad.

En República Dominicana, se ha generado un debate sobre el equilibrio entre la transparencia administrativa y el uso del término _lawfare_ para describir la instrumentalización del derecho como herramienta política. Según expertos, no toda investigación judicial contra un funcionario debe considerarse una persecución política, ni toda actuación judicial es legítima solo por ser formal.

La transparencia no es una opción voluntaria, sino una obligación legal derivada de la Constitución y del ordenamiento jurídico. Esto exige que las instituciones actúen con responsabilidad, publicidad, legalidad y rendición de cuentas. Sin embargo, el desafío persiste: convertir las leyes en prácticas verificables, más allá de la mera existencia de portales de transparencia o informes públicos.

Los ciudadanos enfrentan obstáculos para acceder a información clave sobre cómo se ejecuta el presupuesto, cómo se adjudican contrataciones y qué resultados producen las políticas públicas. Por otro lado, el uso del término _lawfare_ no debe servir para deslegitimar investigaciones por corrupción, ni la existencia de un proceso judicial debe considerarse prueba de persecución política.

El debate se centra en cómo garantizar que tanto la transparencia como el derecho se cumplan, respetando el debido proceso. La administración pública debe demostrar que sus disposiciones legales se traducen en acciones concretas y verificables, sin que los ciudadanos se vean limitados por barreras para acceder a la información.

El reto es claro: hacer cumplir los mandatos legales de transparencia y control, sin que se instrumentalicen las instituciones judiciales para fines ajenos a la justicia. Esto exige una cultura de responsabilidad institucional y ciudadana, donde se respeten los derechos y se garantice el uso adecuado de los recursos públicos.

Fuentes consultadas

Esta nota se redactó y contrastó con la cobertura de El Nuevo Diario.

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