España aprueba medidas para frenar especulación inmobiliaria

El gobierno de España aprobó el jueves un decreto que busca frenar la especulación inmobiliaria y proteger a los inquilinos que se encuentran en situación financiera o social precaria. La medida fue aprobada por 35 votos a favor y 34 en contra en la cámara baja interina del Parlamento, que tiene 69 miembros.

La nueva norma incluye una serie de acciones: se prohíbe que empresas inmobiliarias compren propiedades por menos del 70% de su valor, con el objetivo de evitar que se compren inmuebles a bajo costo y luego los revendan a precios más altos. También se establece un impuesto del 10% a los apartamentos alquilados a turistas, como los que se ofrecen en plataformas como Airbnb. Además, se frena el aumento de alquileres cuando la renta ya supera el precio de referencia establecido por el gobierno para ese barrio.

La medida también incluye un incentivo fiscal para fomentar el arrendamiento y préstamos respaldados por el gobierno para los pagos iniciales de viviendas de uso residencial. Esta norma estará vigente hasta 2030.

Sin embargo, un segundo decreto que buscaba que los contratos de alquiler residencial se renovaran automáticamente a voluntad de los inquilinos fue rechazado nuevamente por 34 votos a favor y 35 en contra. Muchos legisladores consideraron que esa medida habría llevado a los propietarios a retirar inmuebles del mercado de alquiler, lo que podría provocar una caída en la oferta y precios aún más altos.

La ministra interina de Vivienda, Isabel Rodríguez, afirmó que el derecho a la vivienda ganó en la calle y en los centros de trabajo, y espera que también gane en las urnas, en referencia a las próximas elecciones nacionales del 29 de noviembre. El Partido Popular, principal partido de la oposición, ha amenazado con derogar estas medidas si llega al poder, algo que las encuestas indican que es una posibilidad real. El PP se ha comprometido a construir un millón de nuevas viviendas si regresa al poder, al tiempo que recortará impuestos y trámites burocráticos para el desarrollo inmobiliario.