Abinader promulga ley que moderniza el uso de medios digitales en el Poder Judicial

El Poder Ejecutivo dominicano promulgó la Ley núm. 87-26, que modifica la Ley núm. 339-22 sobre el uso de medios digitales en el Poder Judicial. El objetivo es modernizar los servicios judiciales, mejorar su eficiencia y garantizar un acceso a la justicia más ágil, transparente y seguro.

La nueva normativa actualiza definiciones clave, como la autenticación, los actos jurisdiccionales electrónicos, el buzón judicial digital y el expediente electrónico. También establece disposiciones sobre firmas electrónicas, firmas digitales cualificadas y protección contra la falsificación digital.

Entre los principales cambios, se establece que la tramitación de los procesos judiciales tendrá prioridad digital, aunque no se elimina la posibilidad de realizar gestiones presenciales en las sedes del Poder Judicial. Esto garantiza que las personas que no tengan acceso a internet, equipos tecnológicos o capacitación puedan acceder a los servicios de manera presencial.

La ley reconoce la validez jurídica de las firmas digitales y electrónicas cualificadas utilizadas por jueces, servidores judiciales, auxiliares y órganos administrativos para suscribir sentencias, resoluciones y otros actos institucionales, sin necesidad de certificaciones adicionales.

Otro cambio importante es la creación del Sistema Digital de Georreferenciación Ministerial, que permitirá registrar en tiempo real la fecha, hora oficial y ubicación geográfica de las diligencias realizadas por los alguaciles. Esto garantizará la trazabilidad y autenticidad de sus actuaciones.

En cuanto a las audiencias virtuales, la ley amplía su aplicación a todas las materias, excepto la penal, salvo los casos expresamente contemplados en la propia legislación. También establece disposiciones para las modalidades presenciales, semipresenciales y virtuales, así como mecanismos de contingencia ante situaciones de fuerza mayor, casos fortuitos o estados de excepción.

La Ley núm. 87-26 entrará en vigor tras su promulgación y publicación oficial, según los plazos establecidos en la Constitución de la República y el Código Civil dominicano.