Muerte de niña en excursión escolar: clausura de centro y proceso judicial

El 14 de noviembre de 2025, Stephora Anne-Mircie Joseph, una niña de 11 años, murió durante una excursión escolar organizada por el Colegio Leonardo Da Vinci en Hacienda Los Caballos, provincia Santiago. La actividad, que se celebraba por sus buenas calificaciones académicas, se convirtió en una tragedia cuando la menor se sintió mal y fue trasladada al lugar, donde falleció.

La madre de Stephora, Lovelie Joseph Raphael, recibió una llamada del colegio informándole que su hija había vomitado y fue llevada a Hacienda Los Caballos. Al llegar, encontró ambulancias y policía, y fue informada de que su hija había fallecido. El Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) y la Procuraduría General de la República (PGR) confirmaron la muerte de la menor.

Diez días después, el 24 de noviembre de 2025, el Ministerio Público ordenó la clausura de Hacienda Los Caballos, tras una inspección que reveló graves deficiencias en las condiciones de seguridad del lugar. Las autoridades encontraron la ausencia de salvavidas, botiquines, camillas y otros equipos de emergencia, además de que las piscinas no tenían profundidades adecuadas para menores de edad.

El 28 de noviembre de 2025, la procuradora general de la República, Yeni Berenice Reynoso, asumió la dirección de la investigación. Designó al procurador adjunto Wilson Camacho y a la procuradora de corte Olga Diná Llaverías para encabezar las investigaciones, vinculadas a la Dirección General de Persecución del Ministerio Público y a la Dirección Nacional de Niños, Niñas, Adolescentes y Familia (Dinnaf).

El 3 de diciembre de 2025, la familia de Stephora recibió un informe que señaló una situación de «negligencia extrema» por parte del personal del colegio. Según el documento, las maestras que acompañaban a los estudiantes no contactaron inmediatamente al 9-1-1, sino que primero consultaron con la directora del colegio, lo que provocó una demora en la atención médica. Además, se encontró que solo tres maestros supervisaban a 87 niños, una proporción que plantea serios cuestionamientos sobre las medidas de seguridad.

El 28 de mayo de 2026, el Segundo Juzgado de la Instrucción del Distrito Judicial de Santiago impuso una garantía económica de ocho millones de pesos como medida de coerción a los implicados en el caso. Esta decisión no constituye una sentencia condenatoria, sino una medida judicial durante el proceso penal.