Procuraduría enfrenta sanción de 7.5 millones por no devolver celular

La Primera Sala Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional fijó para el 18 de noviembre la fecha en la que se conocerá el fallo del recurso de apelación presentado por la Procuraduría General de la República. La Procuraduría busca revocar una decisión que la condenó al pago de RD$7.5 millones por no devolver un teléfono Samsung, valorado en 3,200 pesos, a Juan Francisco Álvarez Carbuccia, acusado de corrupción.

La decisión original fue emitida por la jueza Patricia Padilla del Segundo Juzgado de Instrucción. La sanción, conocida como astreinte, se aplica por el incumplimiento de una resolución judicial del año anterior que ordenaba la entrega de bienes incautados al acusado. De un total de 16 bienes, solo faltaba entregar el Samsung del 2012.

Álvarez Carbuccia fue director administrativo del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant) durante la gestión de Hugo Beras. Forma parte de un grupo de 10 personas acusadas por presunto sabotaje a la red semafórica y estafa contra el Estado.

El abogado Jhon Manuel Frías Frías, representante de Álvarez Carbuccia, explicó que la astreinte no busca indemnizar el valor del teléfono, sino obligar al Estado a cumplir con una orden judicial. Según Frías, si se permitiera que la parte que desacata una orden judicial simplemente dijera que el bien se perdió o estaba en una mudanza, la autoridad judicial perdería eficacia.

La jueza Patricia Padilla indicó que el Ministerio Público alegó que no se entregó el dispositivo porque estaba en el Inacif, donde se le hacía una extracción de datos para la acusación del caso de supuesta malversación. Luego, el aparato fue llevado al almacén de evidencias del edificio.