Tribunal Constitucional reafirma derecho a pensión por sobrevivencia

El Tribunal Constitucional (TC) reafirmó que la pensión por sobrevivencia no puede ser negada a las familias de pensionados o jubilados del Estado por la falta de autorización del descuento del 2% de la pensión. Esta decisión se basa en el artículo 60 de la Constitución Dominicana, que garantiza el derecho a la seguridad social y protege los intereses de las familias afectadas.

La sentencia TC/1135/26, emitida el 12 de noviembre de 2026, ordenó a la Dirección General de Jubilaciones y Pensiones a Cargo del Estado (DGJP) y al Ministerio de Hacienda y Economía que otorguen la pensión por sobrevivencia a la viuda del médico fallecido, además de pagar todas las mensualidades que se dejaron de percibir desde la muerte de su esposo. El plazo para cumplir con esta orden es de tres meses, y se estableció una multa de RD$2,000 por cada día de retraso.

El Tribunal explicó que la falta de autorización del descuento del 2% no puede ser usada como justificación para negar la pensión, ya que la responsabilidad de este trámite recae exclusivamente en la Administración. Según el TC, la pensión por sobrevivencia es un derecho adquirido e irrenunciable, y se aplican los principios pro homine y de favorabilidad, que favorecen al ciudadano en casos de duda.

La Ley núm. 379-81, que regula las jubilaciones y pensiones del Estado, establece que, al morir el pensionado, sus beneficiarios reciben solo el equivalente a doce mensualidades de pensión, a menos que el pensionado haya autorizado en vida el descuento del 2%. Este trámite, que muchos pensionados no conocen, determina si su viuda o hijos recibirán un ingreso de por vida o solo un año de pagos.

La decisión del TC no es nueva. Desde la sentencia TC/0432/15, del 30 de octubre de 2015, el Tribunal Constitucional ha sostenido que el párrafo I del artículo 6 de la Ley 379-81 no es un mandato imperativo, ya que la ley dice que el pensionado 'podrá' autorizar el descuento. Este criterio se ha reiterado en sentencias posteriores, incluyendo TC/0158/18, TC/0254/22, TC/1700/25 y TC/0029/26.

A pesar de esta jurisprudencia, las familias afectadas continúan enfrentando negativas, lo que obliga a cada una a acudir a los tribunales para que se le reconozca un derecho que la Constitución ya garantiza. En el caso resuelto ahora, la viuda del médico tuvo que recurrir al Tribunal Superior Administrativo, que declaró inadmisible su amparo, y luego al Tribunal Constitucional, casi dos años después del fallecimiento de su esposo.

Por esta razón, la Dirección General de Información y Defensa de los Afiliados a la Seguridad Social (DIDA) presentó una acción directa de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional, solicitando que se declare inconstitucional el párrafo I del artículo 6 de la Ley 379-81. Esta acción tendría efectos generales y protegería a todas las familias de pensionados y jubilados del Estado que se encuentran en la misma situación, sin necesidad de abogados, gastos ni años de litigio.

El director general de la DIDA, Elías Báez, afirmó que el Tribunal Constitucional lleva más de diez años diciendo que la falta de ese 2% no puede dejar a una viuda sin pensión. Por eso, pidió al Tribunal que conozca la acción y resuelva el problema para todos los afectados.

La DIDA reiteró su llamado a los familiares de pensionados y jubilados del Estado que se les haya negado la pensión por sobrevivencia para contactar a la institución, a través del número 809-472-1900 (24 horas), redes sociales, oficinas centrales, provinciales o los Punto GOB, para recibir orientación y asistencia legal gratuita.