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Sucesos

Siete abogados piden investigar fiscales por muertes durante operativos policiales

Siete abogados solicitan una investigación sobre fiscales que emitieron órdenes de arresto que llevaron a muertes durante operativos de la Policía Nacional.

Por Equipo editorial de Resumen

·Actualizado

Siete abogados piden investigar fiscales por muertes durante operativos policiales

Foto: Listin

Los datos

47Muertes durante operativos en 42 días
39Muertes en septiembre
14Muertes en los 42 días anteriores al cambio de mando

En arroz y habichuelas

  • 47 muertesen 42 días se registraron 47 muertes durante operativos policiales, según los abogados.
  • 39 muertes en septiembreen un solo mes se reportaron 39 muertes, una cifra alarmante según los denunciantes.
  • Clave 29una expresión policial que los abogados interpretan como una alusión a la muerte de personas perseguidas por las autoridades.

Siete abogados entregaron una denuncia al procurador general de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, José del Carmen Sepúlveda, solicitando una investigación sobre fiscales que emitieron órdenes de arresto y allanamiento que, según los denunciantes, llevaron a la muerte de ciudadanos durante operativos de la Policía Nacional.

Los abogados, entre ellos Carlos Balcácer, Cándido Simón Polanco, Enrique Vallejo Garib, Guarionex Ventura, Ibo René Sánchez, Manuel Sierra Pérez y Valentín Medrano Peña, afirman que existen elementos que ameritan esclarecer la actuación del Ministerio Público en los procedimientos que precedieron a los denominados intercambios de disparos, en los que fallecieron personas a manos de miembros de la Dirección Central de Investigación (DICRIM).

Los denunciantes señalan que entre el 17 de agosto y el 28 de septiembre de 2026 se registraron 47 muertes durante intervenciones policiales, según un levantamiento hecho a partir de comunicados de la Policía Nacional y publicaciones de medios. Afirman que este número es alarmante, especialmente comparado con los 14 fallecimientos reportados en los 42 días anteriores al cambio de mando del director general de la Policía Nacional, mayor general Ernesto Rafael Rodríguez García.

Además, los abogados mencionan que durante septiembre se produjeron 39 muertes en operativos policiales, una cifra que consideran preocupante frente a los registros del mismo período del año anterior. Entre las víctimas se identifican jóvenes y adolescentes, algunos de entre 18 y 29 años, como Nathanael Elena Matos, de 18 años, y Willi David Gómez Batista, de 26 años, cuya madre cuestionó públicamente la versión policial de su muerte, afirmando que su hijo estaba desarmado.

Los abogados también destacan el supuesto uso de la expresión policial 'clave 29', que interpretan como una alusión a la muerte de personas perseguidas por las autoridades. Atribuyen al director general de la Policía Nacional expresiones públicas que, según ellos, podrían constituir una incitación a actuaciones contrarias al derecho a la vida y a las garantías constitucionales.

Los denunciantes piden investigar si los fiscales que emitieron las órdenes de arresto y allanamiento estuvieron presentes durante los operativos y, en caso de no haberlo estado, establecer las razones de su ausencia. También solicitan interrogar a los fiscales adscritos a la Fiscalía del Distrito Nacional que solicitaron las órdenes judiciales relacionadas con las personas fallecidas, así como requerir informes sobre los casos en los que estuvieron involucrados agentes policiales, especialmente miembros de la DICRIM.

Los abogados piden que se abra una investigación inmediata y que se les informe sobre sus resultados, a fin de determinar si existen responsabilidades penales de miembros de la Policía Nacional o del Ministerio Público. Advirtieron que, si no reciben respuestas o consideran que las autoridades no realizan las indagatorias correspondientes, se reservan el derecho de acudir ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y los mecanismos de la Organización de las Naciones Unidas.

La denuncia fue remitida, además, al Defensor del Pueblo, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, la Procuradora Fiscal del Distrito Nacional, el Consejo Superior del Ministerio Público, representantes de la Iglesia católica y otras instituciones nacionales e internacionales. Los firmantes fundamentan su petición en las disposiciones constitucionales que protegen el derecho a la vida.

Fuentes consultadas

Esta nota se redactó y contrastó con la cobertura de Listin.

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