Separar el poder para que nadie lo tenga todo
La separación de poderes busca garantizar que ninguna institución tenga el control absoluto sobre decisiones públicas.
Por Redacción ResumenEquipo editorial de Resumen

Foto: El Nuevo Diario
La separación de poderes no implica que las instituciones se desconecten entre sí, sino que ninguna pueda decidir, ejecutar y quedar a salvo de toda corrección. El objetivo es asegurar que una persona que reclama contra una decisión pública no encuentre todas las vías de protección dirigidas a una sola voluntad. La distribución institucional debe permitir que la autoridad no decida sola sobre sus límites, y que existan mecanismos independientes para revisar, impugnar y corregir decisiones.
La multiplicación de trámites no garantiza independencia si los funcionarios reciben instrucciones del mismo superior. La revisión jerárquica puede corregir errores dentro de la administración, pero no basta para proteger a la persona afectada. Tampoco es suficiente sustituir al superior por una comisión plural que pueda fabricar una regla contra la persona, aplicarla inmediatamente y decidir que actuó correctamente. La pluralidad no equivale, por sí sola, a una distribución adecuada de la autoridad.
La separación orgánica distribuye el poder entre instituciones, mientras que la funcional preserva las competencias y garantías propias de cada actividad. Legislar exige deliberación representativa; administrar, actuación orientada a fines públicos; juzgar, resolver controversias con imparcialidad y conforme a Derecho. Una misma institución puede intervenir en funciones diferentes bajo títulos jurídicos distintos. Cambiar el nombre de una decisión no permite eludir las garantías que le corresponden.
El artículo 69.10 de la Constitución dominicana extiende el debido proceso a la actuación administrativa, y el artículo 139 dispone su control judicial de legalidad. La especialización no convierte al organismo en dueño de sus límites. La protección comienza antes del agravio, con la deliberación legislativa, la fiscalización y la posibilidad de revisión, que exigen mejores razones desde el principio.
Una objeción frecuente sostiene que las instituciones necesitan trabajar juntas, y que insistir en su separación equivale a defender un Estado imposible. El argumento acierta en la necesidad de cooperación, pero combate una versión empobrecida del principio. Separar no significa aislar a las instituciones, sino impedir que sus relaciones sirvan para absorber funciones ajenas. El número 47 de El Federalista, de James Madison, rechazó la lectura de Montesquieu como defensor de poderes totalmente incomunicados, y destacó la intervención parcial y el control recíproco de la acumulación íntegra de potestades en las mismas manos.
Fuentes consultadas
Esta nota se redactó y contrastó con la cobertura de El Nuevo Diario.
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