Ley amplía plazo para responsabilidad penal de empresas hasta mayo de 2028
La República Dominicana extiende el plazo para la implementación de la responsabilidad penal de las empresas hasta mayo de 2028.
Por Redacción ResumenEquipo editorial de Resumen

Foto: El Nuevo Diario
Los datos
En arroz y habichuelas
- Plazoel régimen de responsabilidad penal de las empresas se aplicará hasta mayo de 2028, lo que da tiempo a las empresas para adaptarse.
- Empresaslas micro, pequeñas y medianas empresas tendrán mecanismos de cumplimiento adaptados a su tamaño y riesgo, lo que puede facilitar su adaptación.
- Ministerio Públicolos investigadores tendrán más tiempo para prepararse para aplicar el nuevo régimen con rigor probatorio.
- Tribunaleslos jueces tendrán más tiempo para entender la distinción entre responsabilidad empresarial y conducta individual.
La República Dominicana ha ampliado el plazo para la entrada en vigencia de los artículos 8 al 11 del nuevo Código Penal, que establecen la responsabilidad penal de las empresas, hasta mayo de 2028. Esta decisión, incluida en la Ley núm. 88-26, busca dar tiempo a las empresas, al Ministerio Público y a los tribunales para prepararse adecuadamente para la aplicación de este régimen.
La responsabilidad penal de las empresas no es un concepto nuevo. La Ley núm. 479-08, sobre sociedades comerciales, ya contemplaba supuestos de responsabilidad penal empresarial, pero el nuevo Código Penal establece un régimen general con presupuestos de imputación más definidos. Para que una empresa sea penalmente responsable, no basta con que un directivo o empleado incurra en una infracción; se deben examinar los deberes de dirección, control y supervisión de la organización.
El plazo adicional representa una oportunidad para que las empresas revisen sus estructuras internas, fortalezcan sus mecanismos de prevención y adopten políticas de cumplimiento que les permitan adecuarse oportunamente a las exigencias del nuevo régimen. El penalista Carlos Gómez-Jara Díez, en su libro Código Penal Comentado, subraya la importancia de distinguir entre la conducta individual y las deficiencias de organización que pueden fundamentar la responsabilidad empresarial.
La Ley núm. 44-26 reconoce efectos jurídicos a los esfuerzos de cumplimiento normativo, como programas efectivos, reparación del daño y cooperación con las autoridades. Además, establece un tratamiento diferenciado para las micro, pequeñas y medianas empresas, al admitir mecanismos de cumplimiento proporcionados a su naturaleza, actividad y nivel de riesgo.
La preparación no corresponde solo al sector privado. El Ministerio Público, los órganos de investigación y los tribunales necesitan herramientas para distinguir entre una organización que facilitó una conducta ilícita mediante fallas de control y aquella cuyos mecanismos de prevención fueron burlados mediante maniobras fraudulentas. Esta distinción exige rigor probatorio y respeto al debido proceso, especialmente cuando una investigación puede afectar la reputación de una entidad y a quienes dependen de ella.
El objetivo final es que la República Dominicana tenga empresas competitivas y un sistema de justicia capaz de responder a las nuevas formas de criminalidad económica. Ambas aspiraciones son compatibles cuando la ley establece responsabilidades claras y ofrece garantías efectivas. El verdadero éxito de esta reforma no se medirá por el vencimiento de la prórroga, sino por la capacidad de convertir la prevención en una práctica efectiva y de aplicar la responsabilidad penal con justicia, sin automatismos ni espacios de impunidad.
Fuentes consultadas
Esta nota se redactó y contrastó con la cobertura de El Nuevo Diario.
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