Bibliotecas públicas cerradas: ¿Quién entierra los libros?

En República Dominicana, desde 2009, se han cerrado alrededor de 60 bibliotecas públicas, según un reporte publicado por el medio Acento. En algunos municipios, como Azua, los jóvenes se han movilizado para evitar que las bibliotecas municipales se conviertan en salas de velatorio. Mientras tanto, en Punta Cana, se inauguró el Centro Cultural Rainieri, un espacio de 9,000 metros cuadrados dedicado a la promoción de la historia, el arte y las tradiciones dominicanas. El centro fue inaugurado con la presencia del presidente de la República y varias personalidades.

El cierre de bibliotecas ha generado controversia, especialmente porque se ha planteado la posibilidad de transformar estos espacios en funerarias, algo que ha sido rechazado por la comunidad en algunos lugares. El medio Acento cuestiona si detrás de estos cierres hay un análisis sobre las necesidades culturales de la población y si se han considerado alternativas para modernizar las bibliotecas en lugar de cerrarlas.

Las bibliotecas públicas, según el artículo, son espacios importantes para la educación y la cultura. Allí, los niños pueden descubrir el placer de la lectura, los estudiantes acceden a recursos para aprender, los adultos amplían sus conocimientos y las familias participan en actividades culturales. Además, muchas bibliotecas ofrecen acceso a internet, talleres y narraciones de cuentos.

El medio también menciona que la Ley 502-08 establece responsabilidades en materia de bibliotecas públicas, pero señala que las leyes, por sí solas, no abren puertas ni llenan estanterías. Se requiere voluntad política, recursos, personal capacitado y la convicción de que el acceso a la cultura es un derecho y no un lujo.

La iniciativa del Centro Cultural Rainieri, liderada por Frank Rainieri y Haydée Kuret de Rainieri, demuestra lo que puede lograrse cuando existe una visión cultural acompañada de recursos y perseverancia. Sin embargo, el medio subraya que la generosidad privada no puede sustituir la responsabilidad del Estado de garantizar el acceso a la cultura en todo el territorio nacional.

El artículo concluye con una pregunta retórica: ¿Quién entierra los libros? ¿Quién decide que una biblioteca ya no es necesaria? Los libros no necesitan funerarias, necesitan lectores.