Organizaciones evangélicas impugnan normas del nuevo Código Penal
Un grupo de organizaciones evangélicas y entidades civiles presentó una acción de inconstitucionalidad contra el nuevo Código Penal dominicano.
Por Redacción ResumenEquipo editorial de Resumen

Foto: CDN
En arroz y habichuelas
- Organizaciones religiosasel recurso busca evitar que una iglesia o ONG sea penalmente responsable por el acto de una persona vinculada a ella, lo que podría afectar su operación.
- Responsabilidad penalsi se acepta el recurso, las sanciones como clausura o disolución de una organización solo se aplicarían tras una sentencia motivada y con cumplimiento de principios de proporcionalidad.
- Libertad religiosael recurso plantea que la doctrina o enseñanza religiosa no puede ser considerada por sí misma como fundamento para responsabilizar a una organización.
Un grupo de organizaciones evangélicas y entidades de la sociedad civil presentó ante el Tribunal Constitucional una Acción Directa de Inconstitucionalidad contra varias disposiciones del Código Penal de la República Dominicana, establecido por la Ley núm. 74-25 y modificado por la Ley núm. 44-26. El recurso fue liderado por el Lic. Santos Acosta Herasme, director de la Pastoral Jurídica de la Alianza Evangélica Dominicana (AEDO), quien actúa como abogado apoderado de las instituciones coaccionantes.
Entre las organizaciones que participan en la acción se encuentran la Alianza Evangélica Dominicana (AEDO), el Servicio Social de Iglesias Dominicanas (SSID), el Consejo Dominicano de Unidad Evangélica (Codue), el Consejo Nacional de Confraternidades de Pastores Evangélicos (Conacope), la Confraternidad Evangélica Dominicana (Conedo), el Grupo Acción Cristiana (GAC), la Unión Cívica USA, Pro-Nación, el Ministerio La Batalla de la Fe, el Centro de Restauración Espiritual Mahanaim, Juventud con una Misión (Jucum), Fomudevi y RD Inclusiva, entre otras.
El recurso se centra en artículos específicos del Código Penal, como los 8, 9, 10, 11, 12, 39, 40, 41, 42, 43, 44 y 45, así como otros que se refieren al régimen de responsabilidad penal de las personas jurídicas, incluyendo los artículos 174, 191, 199, 206 y 212. Los accionantes argumentan que la responsabilidad penal de una organización no puede derivarse automáticamente de la conducta de una persona física vinculada a ella. Invocan el artículo 40.14 de la Constitución, que establece el principio de personalidad de la responsabilidad penal, y afirman que nadie es penalmente responsable por el hecho de otro.
Además, el recurso expresa preocupación por las posibles sanciones que podrían afectar la existencia de las organizaciones, como la disolución, clausura, cierre, decomiso e inhabilitación. Los accionantes sostienen que estas medidas deben estar sujetas a un control judicial estricto, con una sentencia motivada y respeto a los principios de necesidad y proporcionalidad. En el caso de las organizaciones religiosas, el recurso plantea que las disposiciones deben ser compatibles con los derechos constitucionales de libertad de conciencia, cultos y asociación.
Los proponentes solicitan al Tribunal Constitucional que declare la nulidad total o parcial de los contenidos normativos que resulten incompatibles con la Constitución. Como petición subsidiaria, piden una interpretación conforme que establezca los límites constitucionales de las disposiciones cuestionadas. Entre otros aspectos, exigen que la disolución de una persona jurídica sea considerada una medida excepcional y de última ratio, y que toda clausura, cierre, decomiso o inhabilitación cuente con una sentencia motivada y una valoración específica de proporcionalidad.
Fuentes consultadas
Esta nota se redactó y contrastó con la cobertura de CDN.
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