Tribunal ordena cinco años de internamiento psiquiátrico a hombre que irrumpió en Palacio Nacional

Un tribunal dominicano ordenó cinco años de internamiento psiquiátrico para John Raymond Durán Villar, el hombre que irrumpió en el Palacio Nacional el 4 de febrero de 2024 con una camioneta Chevrolet Colorado. El incidente dejó dos militares heridos y causó daños en las instalaciones del Palacio Nacional, ubicado en la avenida México.

El hecho se produjo la noche del 4 de febrero de 2024, cuando Durán Villar estrelló la camioneta contra las puertas metálicas del Palacio Nacional. Tras derribar los accesos, continuó hasta el área del parqueo presidencial, donde impactó otro vehículo. Durante el incidente, el sargento Westel Jiménez Hernández y el raso Erick Castillo Tejada, ambos del Ejército de República Dominicana, resultaron heridos y tuvieron que ser atendidos en centros médicos.

El Ministerio Público atribuyó al conductor la presunta comisión de delitos relacionados con atentado contra la vida del presidente de la República y tentativa de homicidio contra los militares. Según testimonios, luego de ser detenido, Durán Villar habría expresado que el mandatario había hecho daño a su familia y pidió que lo perdonaran.

La salud mental del acusado fue un aspecto clave desde el inicio del proceso. En febrero de 2024, una organización comunitaria solicitó que se investigara su condición psiquiátrica y su entorno familiar, mientras su defensa reclamó una evaluación psicológica para determinar si estaba en condiciones de responder penalmente por los hechos.

En junio de 2024, la Segunda Sala de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional ordenó su libertad pura y simple, fundamentada en la violación procesal de no haber sido presentado ante una autoridad judicial dentro de las 48 horas posteriores a su detención, como establece la Constitución dominicana. Esa decisión no fue una absolución sobre los hechos, sino una violación procesal.

Con la nueva disposición de cinco años de internamiento psiquiátrico, el caso vuelve a colocar en el centro del debate la respuesta judicial ante personas cuya condición de salud mental incide en su responsabilidad penal y en el tipo de medida que corresponde aplicar.