Ocho imputados del caso Senasa 2.0-A buscan que se revoque su prisión preventiva

Ocho imputados del caso Senasa 2.0-A acudieron este miércoles 4 de noviembre de 2026 a la Segunda Sala Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional para solicitar la revocación de la prisión preventiva que les impuso el juez Rigoberto Sena del Juzgado de Atención Permanente del Distrito Nacional. Los procesados son Ysabel Heredia Vallejo, Wander Manuel Díaz Encarnación, Elsa Evelyn De la Rosa Vásquez, Juan Gabriel Rodríguez Ravelo, Angeury Guzmán Vásquez, Juan Henry Poueriet, Laura Altagracia Santana Evangelista y Hanna Rashell Rodríguez Almanzar. Los recursos de apelación fueron presentados por sus abogados, entre ellos Bernardo Santiago, Harol Alberto Echavarría Gómez, Rafael Segundo Ortega Grullón y Omar Chapman.

Además de estos ocho, otros imputados cumplen arresto domiciliario o tienen garantías económicas impuestas. Entre ellos están Heidy Coronado, Lucreisy Polanco Núñez, Einstein Rafael Borromé Valdez, Carlos Job Ynoa Olivero, Engels Federico Díaz Mendoza, Rafael Mauricio Cabral González, Marcelino Eusebio Figuereo, Víctor Felipe Rodríguez García, Ray Ernesto Mercedes Lugo, Edwin Alberto Batista Cruz, Griselda Altagracia Basora Ramírez y Keila Beatriz Acosta Leonardo. A algunos de ellos, como Luz Esther Reyes Durán de Ramírez, Edwin Alberto Batista Cruz, Griselda Altagracia Basora Ramírez, Keila Beatriz Acosta Leonardo y Juan Gabriel Rodríguez Ravelo, se les impuso una garantía económica de dos millones de pesos, mediante una compañía aseguradora, e impedimento de salida del país. A Martha María Saldaña Saldaña se le impuso una garantía económica de tres millones de pesos, impedimento de salida del país y arresto domiciliario. A otros, como José Díaz Hernández, Guillermo Enrique Dicló Garabito y Yocaira Antonia Méndez Beltré, se les impuso garantías económicas de un millón de pesos, impedimento de salida y presentación periódica.

El caso Senasa 2.0-A, también conocido como Operación Cobra 2.0-A, se refiere a la segunda fase de investigaciones sobre presuntas irregularidades y corrupción en el Seguro Nacional de Salud. El Ministerio Público investiga una supuesta estructura que habría defraudado recursos públicos mediante la facturación y el cobro de servicios médicos no realizados, la suplantación de identidades de afiliados y la vulneración de las bases de datos de la aseguradora estatal. La investigación se inició con una denuncia presentada por la propia institución el 28 de noviembre de 2024, durante la gestión de Santiago Hazim, en relación con irregularidades detectadas en las autorizaciones de servicios médicos. El órgano acusador busca establecer la participación de los involucrados y determinar el alcance económico de las operaciones fraudulentas que habrían afectado los recursos destinados a la prestación de servicios de salud.

La audiencia representa una nueva etapa en el expediente, en la que los jueces deberán examinar los recursos presentados por las defensas y determinar si corresponde mantener o modificar las medidas de coerción. La Segunda Sala Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional tiene a su cargo el conocimiento de los recursos presentados por los procesados. En esta fase, el tribunal deberá evaluar los planteamientos de las partes y determinar si la decisión adoptada por el Juzgado de Atención Permanente debe ser confirmada, modificada o revocada. La presentación de los recursos constituye un mecanismo previsto en el proceso penal dominicano para solicitar la revisión de determinadas decisiones judiciales.

Hasta el momento, no se ha informado sobre una decisión de la Corte de Apelación respecto a los recursos presentados este miércoles. Los procesados mantienen su presunción de inocencia mientras no exista una sentencia condenatoria definitiva.