Muerte de socio retrasa juicio por fraude en INTRANT

La muerte de Richard Harney, director de PagoRD Exchange, ha retrasado el juicio del caso INTRANT, donde se investiga el presunto fraude en la gestión de impuestos y tasas del INTRANT. La empresa, que durante la investigación operó en el extranjero sin representación legal en República Dominicana, ahora solicita una prórroga de 15 días para reorganizar su estructura o requerir la asignación de un defensor público.

El caso INTRANT involucra a la empresa PagoRD Exchange, que firmó un convenio con el INTRANT en junio de 2023 para la gestión de cobros de impuestos y tasas. Sin embargo, según las investigaciones del Ministerio Público, la empresa se apropió del 90% de los fondos públicos y solo transfería el 10% al Estado. El dinero se movía a través de transacciones bancarias y se destinaba a bienes inmuebles y otros activos de alto valor, que ahora están bajo secuestro judicial.

La empresa, que durante la instrucción del caso no se presentó en República Dominicana, fue declarada en estado de rebeldía por los tribunales. Ahora, tras la muerte de su director, se justifica su prolongada ausencia y solicita al tribunal un plazo adicional para reorganizar su estructura o, en su defecto, requerir la asignación de un defensor público.

Este anuncio revive un reciente conflicto institucional entre la Oficina Nacional de la Defensoría Pública (ONDP) y el Poder Judicial, donde las jueces del Tercer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional exigieron a la ONDP que asumiera la defensa de la empresa Inprosol, SRL, que también se encontraba sin representación legal. El director de la ONDP, Rodolfo Valentín, rechazó la orden judicial, argumentando que el servicio de defensa pública está diseñado exclusivamente para personas físicas de escasos recursos.

La audiencia principal del juicio, pautada para el 10 de noviembre, se verá afectada por esta solicitud de prórroga, lo que podría retrasar aún más el proceso judicial. La empresa PagoRD Exchange, que ahora se encuentra en un 'limbo administrativo', no tiene capacidad operativa para otorgar un poder legal válido en República Dominicana, según su comunicado oficial emitido el 9 de noviembre.