El 4% de la educación pública: un compromiso que no se cumplió

En 1997, el gobierno dominicano aprobó la Ley General de Educación No. 66-97, que establecía como meta destinar al menos el 4% del Producto Interno Bruto (PIB) a la educación pública. El objetivo era reducir el rezago educativo del país y acercarse a estándares regionales como los de Costa Rica, Chile, Brasil o Bolivia. Sin embargo, según datos oficiales, este compromiso no se cumplió durante más de dos décadas.

El artículo 197 de la ley marcaba un hito en la historia educativa del país, ya que buscaba garantizar una inversión sostenible en educación. Pero, según informes de organismos internacionales y análisis de expertos, el país no logró alcanzar ni siquiera la mitad de ese porcentaje durante gran parte del periodo siguiente. Esto generó un déficit en infraestructura, en calidad de docencia y en acceso a la educación para muchos dominicanos.

La falta de cumplimiento del 4% del PIB para la educación se convirtió en un tema recurrente en debates políticos y sociales. Organizaciones como la Unión Europea y el Banco Mundial han señalado en múltiples ocasiones que la inversión insuficiente en educación afecta el desarrollo económico y social del país. Aunque en los últimos años se han hecho esfuerzos para mejorar la situación, el cumplimiento del 4% sigue siendo un reto para el Estado dominicano.