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Ley Mirabal busca cambiar la respuesta del Estado ante denuncias de violencia de género

El proyecto de Ley Mirabal, parte de la reforma Déjala Ir, busca que el Estado actúe de inmediato ante denuncias de violencia contra la mujer.

Por Equipo editorial de Resumen

·Actualizado

Ley Mirabal busca cambiar la respuesta del Estado ante denuncias de violencia de género

Foto: El Nuevo Diario

Los datos

72 horasTiempo para crear un plan de seguridad
48 horasTiempo para una orden de protección
4Mujeres asesinadas por pareja o ex pareja en noviembre

En arroz y habichuelas

  • Denunciasi eres mujer y estás en peligro, podrías recibir ayuda inmediata del Estado, no solo una recomendación de llamar al 9-1-1.
  • Tiempoen 72 horas, se crearía un plan de seguridad para ti, con medidas como vigilancia o patrullaje, si el peligro es grave.
  • Responsabilidadsi un funcionario no actúa ante una denuncia, podría enfrentar consecuencias legales, como prisión.
  • Investigacióntras cada feminicidio, se revisaría si la víctima pidió ayuda y qué falló, para mejorar el sistema.
  • Orden de protecciónen 48 horas, un juez podría decidir sobre una orden de protección y retener armas al agresor.

Rosanny Almonte, una mujer de 47 años, fue asesinada en El Paraíso, provincia Valverde, por su ex pareja. Según su familia, antes de su muerte, había denunciado amenazas y acoso, pero las autoridades le dijeron que llamara al 9-1-1 si algo pasaba. La familia pide que se investigue a los agentes que la escucharon y si existía una orden de alejamiento que no se cumplió.

Este caso es parte de una serie de feminicidios que se han reportado en noviembre, donde al menos cuatro mujeres murieron a manos de sus parejas o exparejas. La situación ha llevado a revisar el proyecto de Ley Mirabal, parte de la reforma Déjala Ir, que busca cambiar la forma en que el Estado responde a las denuncias de violencia de género.

La ley propone que, al recibir una denuncia, las instituciones como la Policía, los hospitales o las fiscalías registren el caso y midan el peligro de inmediato. La víctima recibiría un número único que la acompañaría en todos los trámites, sin necesidad de repetir su historia o presentar pruebas. El peligro dejaría de ser una opinión subjetiva: la ley establece señales claras, como amenazas de muerte, acceso a armas, o una separación seguida de control e intimidación.

Cambios en la respuesta del Estado

Si el peligro es grave, el aviso tendría que llegar al mismo tiempo a la fiscalía, a la Policía y al Ministerio de la Mujer. En 72 horas, se debería crear un plan de seguridad para la mujer, con medidas como vigilancia en su casa o en el trabajo, patrullaje o contacto periódico. Un juez tendría 48 horas para decidir sobre una orden de protección, y podría disponer que se le retengan las armas al agresor. Cualquier autoridad tendría que poder comprobar si esa orden existe y sigue vigente. Si el agresor viola la orden, la Policía estaría obligada a intervenir de inmediato y a arrestarlo.

Responsabilidad de las autoridades

Nada de eso quedaría a la buena voluntad. El fiscal que no mida el riesgo cometería una falta grave. El funcionario que, sin justificación, se niegue a recibir una denuncia o deje sin ejecutar una orden de protección que le toca cumplir se expondría a prisión.

Revisión tras cada feminicidio

Ante cada feminicidio, las instituciones tendrían que revisar si la víctima había pedido ayuda, qué respuesta recibió y qué falló, y corregirlo. El Ministerio Público investiga el caso de Rosanny Almonte, la actuación de las autoridades y si existía la orden de alejamiento que menciona su familia.

El proyecto de Ley Mirabal busca que el Estado actúe de inmediato ante denuncias de violencia de género, en lugar de esperar a que algo pase. Según la familia de Rosanny, ella hizo todo lo que se le pide a una mujer en peligro: se fue, denunció, avisó y pidió que lo detuvieran. No falló ella. Falló un sistema que solo sabe llegar después.

Fuentes consultadas

Esta nota se redactó y contrastó con la cobertura de El Nuevo Diario.

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