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Cartesa, fábrica china en Las Parras, fue intervenida por irregularidades

La fábrica de cartón Cartesa fue intervenida el 29 de octubre por operar sin permisos y por irregularidades laborales y de almacenamiento.

Por Equipo editorial de Resumen

·Actualizado

Cartesa, fábrica china en Las Parras, fue intervenida por irregularidades

Foto: CDN

Los datos

RD$2.25 millonesMonto de combustible incautado
29 de octubreFecha de intervención
3Número de naves industriales

En arroz y habichuelas

  • Trabajadoressi trabajabas en Cartesa, la empresa está paralizada y no se ha confirmado si se reanudarán las operaciones.
  • Comunidadlos residentes de Las Parras respaldan el cierre, lo que podría afectar el entorno laboral y económico de la zona.
  • Seguridadel almacenamiento de combustible sin autorización podría haber generado riesgos para la comunidad.
  • Control estatalel caso resalta la necesidad de mayor control sobre empresas en la zona.
  • Inversionesel cierre de la fábrica podría afectar la confianza en inversiones extranjeras en el país.

La fábrica de cartón Cartesa, ubicada en Las Parras, municipio San Antonio de Guerra, fue intervenida el 29 de octubre por las autoridades dominicanas. La empresa, de capital chino, fue acusada de operar sin los permisos necesarios, emplear trabajadores extranjeros en situación irregular y almacenar combustible sin autorización. Estas irregularidades, según las autoridades, motivaron la intervención de distintas instituciones estatales, incluyendo al Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes, la Dirección General de Migración y el Ministerio de la Vivienda y Edificaciones.

La fábrica, que está ubicada en una zona apartada, está formada por tres naves industriales y un edificio de cuatro niveles, que según la información disponible, era utilizado para oficinas y residencias. La instalación está rodeada por una pared de concreto y no tiene identificación visible en su fachada. En el momento de la intervención, se observaba un letrero en la entrada que decía «Obra paralizada», lo que indica que las operaciones de la empresa permanecían detenidas.

Durante la intervención, las autoridades incautaron combustible valorado en aproximadamente RD$2.25 millones. Estas acciones se enmarcan en un esfuerzo por verificar las condiciones en las que operaba la empresa y asegurar que cumpliera con las normativas vigentes. La comunidad local, al igual que funcionarios de Estados Unidos, respalda el cierre de la fábrica, argumentando que es necesario que las empresas en la zona cumplan con los requisitos legales y las disposiciones de las autoridades.

El caso ha resaltado la importancia de los controles estatales sobre las actividades industriales, especialmente en lo relacionado con los permisos de operación, el uso de suelo, la contratación de mano de obra extranjera y el almacenamiento de materiales inflamables. Mientras continúan las investigaciones, la comunidad mantiene su posición favorable a que la empresa no retome sus operaciones hasta que se esclarezcan las irregularidades señaladas y se determine el cumplimiento de los requisitos establecidos por las autoridades.

Fuentes consultadas

Esta nota se redactó y contrastó con la cobertura de CDN.

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