El proceso penal no se usa para cobrar deudas

En República Dominicana, la Constitución establece claramente que no se puede encarcelar a nadie por no pagar una deuda que no venga de una infracción penal. Este derecho está garantizado en el artículo 40, numeral 10, de la Carta Magna, que dice: «No se establecerá el apremio corporal por deuda que no provenga de infracción a las leyes penales». Esta norma también se respalda en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en su artículo 7, que reafirma que nadie puede ser detenido por razones económicas.

El análisis publicado por El Nuevo Diario señala que, a pesar de esta garantía, en la práctica hay casos donde el sistema judicial parece usarse para presionar a personas que no pueden pagar sus deudas. Esto puede incluir procesos penales que no tienen relación con delitos, sino con obligaciones civiles, como préstamos o servicios no pagados. Este uso indebido del sistema legal puede llevar a que personas sean sometidas a procedimientos judiciales que no deberían afectarles.

El medio resalta que este tipo de prácticas violan los derechos fundamentales de los ciudadanos y pone en duda la independencia del poder judicial. Según el artículo constitucional, el sistema penal no debe convertirse en una herramienta para cobrar deudas, sino para garantizar la justicia y la aplicación de la ley.

El análisis también menciona que este tema ha sido discutido en diferentes ámbitos, incluyendo la academia y la sociedad civil, quienes han señalado que es necesario fortalecer las garantías legales para evitar que el sistema judicial sea utilizado de manera injusta.