Dominicana aprueba código ético para uso de inteligencia artificial en servicios públicos
El país establece reglas para el uso responsable de la IA en la administración pública.
Por Redacción ResumenEquipo editorial de Resumen

Foto: El Nuevo Diario
Los datos
En arroz y habichuelas
- Código éticoestablece reglas para el uso de la IA en servicios públicos, lo que puede influir en cómo se toman decisiones en instituciones estatales.
- Prohibicionesciertos usos de la IA, como el perfilamiento criminal, están prohibidos, lo que puede afectar cómo se aplican leyes en casos penales.
- Supervisión humanase requiere que las decisiones importantes no sean tomadas solo por sistemas automatizados, lo que puede garantizar más transparencia en la administración pública.
La República Dominicana ha aprobado el Decreto núm. 787-26, que establece el Código de Ética de la Inteligencia Artificial para los Servicios Públicos. Este marco legal busca garantizar que el uso de la IA en la administración pública sea responsable, transparente y respetuoso con los derechos fundamentales de los ciudadanos.
El código se aplica a todas las instituciones públicas que desarrollen, contraten o utilicen sistemas de inteligencia artificial, incluso herramientas de asistencia para redactar documentos o apoyar decisiones administrativas. Entre sus principales disposiciones, se incluye la obligación de realizar Evaluaciones de Impacto Ético y de Derechos para sistemas que puedan afectar garantías fundamentales, servicios esenciales o potestades sancionadoras.
Los sistemas clasificados como de alto impacto requieren controles previos a su implementación. Además, se establecen obligaciones de transparencia, trazabilidad, protección de datos y supervisión humana. Esto significa que la tecnología puede asistir a las autoridades, pero no sustituir sus competencias ni liberarlas de responsabilidad por las decisiones adoptadas.
Otro aspecto clave es la prohibición de ciertos usos de la IA que podrían violar los derechos humanos, como la clasificación social generalizada, ciertos sistemas de vigilancia biométrica indiscriminada y el perfilamiento criminal predictivo basado en condiciones personales o sociales. También se prohíbe el uso de la IA para recomendar, determinar o ejecutar autónomamente sentencias penales, medidas de coerción o privaciones de libertad sin intervención humana directa y garantías del debido proceso.
Este avance coincide con el Reglamento (UE) 2024/1689, conocido como la Ley de Inteligencia Artificial de la Unión Europea, que establece un marco regulatorio basado en riesgos. Sin embargo, el instrumento dominicano tiene naturaleza reglamentaria y se concentra en la Administración Pública, no en una regulación integral de la IA.
El desafío ahora es convertir estas disposiciones en prácticas verificables. Se requiere capacitar a los servidores públicos, auditar sistemas, evaluar riesgos y garantizar mecanismos efectivos de supervisión y reclamación ciudadana. La experiencia europea muestra que regular la IA no significa impedir la innovación, sino establecer condiciones para desarrollarla con seguridad jurídica y respeto a las personas.
Fuentes consultadas
Esta nota se redactó y contrastó con la cobertura de El Nuevo Diario.
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