Abogado y mujer acusados de explotar sexualmente a menores reciben prisión preventiva

Un abogado de oficio, Andrés Acosta Vargas, y una mujer, Franyely Franchesca Peralta Guzmán, fueron sentenciados a tres meses de prisión preventiva por presunta explotación sexual de menores en Santiago. La Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de Santiago impuso la medida tras una audiencia judicial, en la que el Ministerio Público imputó a ambos de conformar una estructura dedicada a la captación y explotación sexual de adolescentes.

El juez Dayham Rodríguez autorizó que Acosta Vargas y Peralta Guzmán cumplan la prisión preventiva en los centros de corrección Rafey Hombres y Rafey Mujeres, respectivamente. El Ministerio Público presentó evidencia de que los procesados ubicaban a adolescentes entre 13 y 17 años, ofreciéndoles dinero y regalos a cambio de relaciones sexuales entre sí, mientras grababan los actos en video.

Según las investigaciones, una de las víctimas se contactó con los acusados a través de una aplicación de citas, mientras que otra fue trasladada desde el municipio de Esperanza, en la provincia Valverde, hacia Santiago mediante engaño. La fiscal Heidys de León informó que se han identificado hasta ahora tres víctimas, incluida una adolescente de 17 años que está embarazada.

El tribunal autorizó la realización de un anticipo jurisdiccional de prueba para recabar declaraciones de las víctimas y un testigo menor de edad, con el fin de evitar su revictimización en el plenario. También se ordenó la extracción pericial de los registros almacenados en los teléfonos móviles incautados.

Durante la requisa en el domicilio de Acosta Vargas, las autoridades encontraron cámaras de videograbación, cables de transferencia USB, medicamentos somníferos, estimulantes sexuales, dinero en efectivo y preservativos nuevos y usados. El caso se enmarca en la presunta violación a la Ley 137-03 sobre Trata de Personas, la Ley 136-03 sobre Protección de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, y la Ley 53-03 sobre Crímenes y Delitos de Alta Tecnología.