Fuerza del Pueblo denuncia irregularidad en designación del subdirector de Aduanas

Fuerza del Pueblo denunció que la designación del ingeniero civil Elías Antonio Santana Germán como subdirector general de Fiscalización de la Dirección General de Aduanas (DGA) fue irregular, según el Decreto 776-26 del 29 de octubre de 2026. El secretario de Comercio Exterior, Logística y Negocios Internacionales del partido, José Peña Santana, afirmó que Santana Germán no cumple con el perfil técnico especializado exigido por la Ley 168-21.

Según el artículo 16, párrafo II, de la Ley 168-21, el subdirector general de Fiscalización debe tener al menos cinco años de experiencia técnica en aduanas, tributaria o comercio internacional. Peña Santana señaló que esta exigencia no es una formalidad, sino una condición legal que no puede sustituirse por relaciones políticas o experiencia en otros campos.

El dirigente político destacó que el Manual de Descripciones y Perfiles de Puestos de la DGA, de 2020, establece que para la Gerencia de Fiscalización se requiere formación universitaria en áreas como Contabilidad, Derecho, Auditoría, Comercio Internacional o carreras afines, estudios de maestría especializados y cinco años de experiencia profesional. Esto refleja la complejidad técnica de las funciones que se desarrollan bajo la Subdirección de Fiscalización.

Además, el artículo 159 del Decreto 789-22 menciona que la Subdirección de Fiscalización debe desarrollar y gestionar planes de fiscalización, supervisar las actuaciones de control y evaluar sus resultados. El artículo 161 del mismo reglamento detalla las funciones de la Gerencia de Fiscalización, que depende directamente de esa Subdirección.

El artículo 50 del Decreto 755-22 establece que la comunicación que inicia una visita de fiscalización a un operador aduanero debe estar firmada por el subdirector de Fiscalización. Peña Santana señaló que esta responsabilidad demuestra la incidencia directa del cargo en los procedimientos de control y en la determinación de las obligaciones tributarias.

Para ilustrar la importancia de estas funciones, se mencionó que la DGA informó que entre 2020 y 2025, mediante 139 auditorías a importadores asiáticos, se determinaron diferencias tributarias por aproximadamente RD$4,509 millones. Esta cifra pone de manifiesto la magnitud de los recursos involucrados en las labores de fiscalización y la necesidad de que quienes las dirigen cuenten con la preparación técnica exigida por la legislación.

Peña Santana señaló que Santana Germán dejó el cargo de viceministro de Infraestructura Vial del Ministerio de Obras Públicas apenas tres días antes de su nombramiento en Aduanas. Además, sus antecedentes profesionales, según su declaración jurada de patrimonio, corresponden fundamentalmente al ámbito de la ingeniería civil y no acreditan los cinco años de experiencia técnica especializada que exige la Ley 168-21.

El dirigente político también mencionó que Santana Germán mantiene una relación política cercana con el director general de Aduanas, Nelson Arroyo, dentro del Partido Revolucionario Moderno (PRM), en San Pedro de Macorís. Esto plantea interrogantes sobre los criterios utilizados para recomendar su nombramiento.

No obstante, Peña Santana aclaró que su cuestionamiento no está dirigido a la facultad del presidente de la República para efectuar el nombramiento, sino a la responsabilidad de la dirección de Aduanas de recomendar a una persona que, conforme a los antecedentes examinados, no reúne el perfil especializado exigido por la ley.

En ese contexto, sostuvo que la administración de los recursos públicos y el ejercicio de las funciones de fiscalización requieren capacidad técnica, idoneidad y estricto apego a la legalidad. Advirtió que los requisitos establecidos por el legislador deben respetarse, especialmente en posiciones que inciden directamente en la recaudación y el control de las operaciones de comercio exterior.

'La fiscalización aduanera no puede convertirse en un espacio para las recomendaciones políticas por encima de las exigencias legales. Estamos hablando de una función estratégica para los ingresos del Estado, cuya dirección requiere experiencia técnica especializada. La ley establece los requisitos y la Administración tiene la obligación de respetarlos', concluyó Peña Santana.