Operaciones policiales: muertes presentadas como 'intercambio de disparos'

Entre el 9 de septiembre y el 29 de octubre de 2026, según reportes de medios locales, 104 personas murieron en hechos que la Policía describe como 'intercambios de disparos'. En los días siguientes, otras siete fallecieron en intervenciones similares. Estas cifras elevan el debate sobre cómo se presentan estos casos y si el hecho de que una persona esté fichada por la Policía se convierte en una justificación para su muerte.

La forma en que se narran estos hechos, con énfasis en que el fallecido 'tenía ficha' o 'era buscado', sugiere una dinámica en la que el expediente policial parece anticipar el desenlace. Esto ha generado críticas sobre si la mera existencia de una ficha permite que una muerte sea aceptada sin esclarecimiento previo.

El uso de apodos como 'El Gordo', 'El Gordito' o 'Trenzas' en titulares de medios locales también ha sido cuestionado, ya que puede deshumanizar a las víctimas y facilitar una percepción pública de indiferencia hacia su muerte. Este lenguaje, según expertos, puede desviar la atención de las circunstancias reales del operativo hacia la reputación del fallecido.

El Colegio Dominicano de Periodistas ha destacado la importancia de contrastar versiones, identificar quién acusa y evitar que los antecedentes de una persona se conviertan en una explicación automática de su muerte. La responsabilidad del periodismo, en este contexto, es informar con rigor sobre la gravedad de los delitos, pero también exigir pruebas sobre lo que ocurrió durante cada operativo.

El Ministerio Público, por su parte, debe investigar cada caso con independencia, determinando si hubo una amenaza que justificara la actuación policial. La sociedad, según analistas, debe exigir que ninguna ficha funcione como una sentencia de muerte y que la justicia no se vea debilitada por la percepción de que el fichaje anticipa el desenlace.

La preocupación se centra en que, en lugar de enfocarse en el comportamiento de quienes participaron en los operativos, la atención se desplace hacia la reputación del fallecido. Esto puede dificultar la apertura de investigaciones independientes y permitir que la violencia se justifique por la gravedad de los delitos atribuidos.

En barrios empobrecidos, donde el acceso a recursos legales y defensa puede ser limitado, la justicia se vuelve aún más incierta. La necesidad de un proceso equitativo no puede depender de la capacidad de conseguir un abogado, ni de la simpatía que provoque el fallecido o el desprecio que genere su conducta.

El debate continúa sobre si la Policía está cumpliendo con su función de detener y presentar a los tribunales a quienes persigue, o si, en cambio, está convirtiendo el fichaje en una condena anticipada. La sociedad, según los expertos, debe exigir que cada muerte se esclarezca y que la justicia no se vea debilitada por la percepción de que el fichaje anticipa el desenlace.