El uso de la fuerza policial y el equilibrio entre seguridad y derechos humanos

En República Dominicana, el uso de la fuerza por parte de la policía durante intervenciones se encuentra en el centro de un debate jurídico y ético. Este tema surge cuando se enfrenta a delincuentes, y surge la pregunta: ¿hasta dónde puede llegar la fuerza legítima sin convertirse en un castigo fuera del sistema judicial?

La ley establece que la policía puede usar armas de fuego solo cuando existe una amenaza inminente para la vida o la integridad física de un agente o de terceros. Además, se exige que la fuerza empleada sea necesaria, proporcional y legal. Esto significa que no se puede justificar el uso de la fuerza letal solo por la fuga de un delincuente, sino cuando existe un peligro real.

El debate se centra en la ponderación de derechos: por un lado, la seguridad ciudadana y la necesidad de prevenir delitos; por otro, el respeto a los derechos fundamentales de las personas, incluso de quienes han cometido delitos. La presunción de inocencia, el debido proceso y el derecho a la defensa son pilares del sistema legal.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha establecido que el uso de la fuerza debe cumplir tres condiciones: legalidad, absoluta necesidad y proporcionalidad. Esto no significa que los agentes estén indefensos, sino que su actuación debe estar siempre dentro del marco legal y respetar los límites establecidos por la ley.

En el derecho comparado, países como España también establecen reglas similares, exigiendo que el uso de armas sea congruente, oportuno y proporcional. En República Dominicana, la Ley Orgánica de la Policía Nacional establece que se deben privilegiar medios no violentos, y solo recurrir a las armas en casos extremos.

Este equilibrio entre la seguridad y los derechos humanos es fundamental para que el Estado cumpla su deber de proteger a la sociedad, pero también de garantizar que las acciones de la policía no se conviertan en castigos extrajudiciales. La fuerza legítima se justifica cuando se usa para neutralizar una amenaza real, pero siempre bajo el control del derecho.

La responsabilidad penal de quienes son perseguidos debe ser determinada por los tribunales, no por la fuerza empleada durante una intervención. Por eso, es importante esclarecer cada caso donde haya muerte durante una actuación policial y sancionar los excesos cuando se comprueben.