Justicia debe ser rápida y respetar plazos razonables

La justicia en República Dominicana debe garantizar que los procesos penales no se prolonguen sin razón válida, según lo establece la Constitución dominicana. El artículo 69 de la Carta Magna reconoce el derecho a ser juzgado dentro de un plazo razonable, lo que implica que las autoridades deben actuar con eficiencia y evitar que los casos se alarguen innecesariamente. Esta medida busca proteger tanto a las personas investigadas como a las víctimas, quienes pueden sufrir consecuencias negativas si los procesos se demoran sin justificación.

La extinción de la acción penal ocurre cuando se cumplen ciertas causas legales, como la prescripción o el vencimiento del plazo máximo del proceso. Según la Ley núm. 97-25, estas situaciones implican que el Estado no puede continuar con la persecución penal. Sin embargo, esto no significa que la persona acusada sea inocente, sino que el proceso no puede continuar por falta de cumplimiento de los plazos establecidos por la ley.

La Ley núm. 74-25, que establece el nuevo Código Penal dominicano, y la Ley núm. 97-25, que reforma el procedimiento penal, buscan fortalecer una justicia eficaz y respetuosa de los derechos fundamentales. Para lograrlo, el Ministerio Público y los tribunales deben mejorar la organización de las investigaciones, controlar los plazos, evitar suspensiones injustificadas y utilizar adecuadamente los recursos tecnológicos.

La extinción de un proceso penal puede generar frustración en las víctimas, especialmente cuando han esperado durante años una decisión. Por eso, las instituciones tienen la responsabilidad de investigar oportunamente y evitar que sus propias deficiencias perjudiquen a quienes reclaman justicia o a quienes enfrentan una acusación.

En definitiva, la solución no consiste en debilitar el derecho al plazo razonable, sino en lograr que las autoridades cumplan sus obligaciones a tiempo. Una justicia verdaderamente eficaz es aquella que investiga con seriedad, protege a las víctimas, respeta el derecho de defensa y toma decisiones fundamentadas. La confianza ciudadana se fortalece cuando la justicia no solo actúa conforme a la ley, sino que también llega a tiempo.