Álvaro García Linera confirma asilo político en México

Álvaro García Linera, exvicepresidente de Bolivia, confirmó que se encuentra en México con asilo político. Esta situación se produce en medio de una investigación abierta contra él y el expresidente Evo Morales por su presunta responsabilidad en un operativo policial en un hotel de Santa Cruz en abril de 2009, que dejó tres extranjeros muertos y otros dos detenidos.

García Linera respondió de manera breve a una consulta de EFE desde La Paz, sin ofrecer más detalles. Es la segunda vez que se encuentra asilado en México. En noviembre de 2019, él y Morales llegaron al país con ese estatus tras renunciar a sus cargos en medio de la crisis generada por las elecciones generales fallidas de ese año.

La investigación se encuentra en curso desde que la Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) autorizó la actuación fiscal la semana pasada. La fuerza opositora Libre presentó en octubre de 2023 una acusación contra Morales y García Linera, buscando iniciar un juicio de responsabilidades por las «ejecuciones sumarias» y «detenciones ilegales» en el llamado caso ‘terrorismo’.

El operativo policial de 2009 se desarrolló en la ciudad de Santa Cruz, donde murieron tres extranjeros, entre ellos el irlandés Michael Dwyer, y se detuvo al croata-boliviano Mario Tadic y el húngaro Elöd Tóásó. El gobierno de Evo Morales acusó a los detenidos de integrar una célula terrorista que pretendía separar Santa Cruz de Bolivia y atentar contra el entonces presidente. Sin embargo, los acusados negaron estas acusaciones, afirmando que el gobierno había impulsado el operativo por motivos políticos para acallar a sus detractores en la región.

En 2015, Tadic y Tóásó fueron condenados a cinco años y diez meses de prisión por alzamiento armado. Tras cumplir sus penas, abandonaron Bolivia y denunciaron al Estado ante organismos internacionales. El caso se cerró en 2020, cuando el gobierno transitorio de Jeanine Áñez levantó los cargos contra los acusados.

En 2022, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) emitió un informe en el que concluyó que el Estado boliviano es responsable por la violación de los derechos a la vida, integridad personal, libertad personal, garantías judiciales y protección judicial en perjuicio de los 39 afectados en el proceso.