Silencio estatal frente a ejecuciones extrajudiciales

En lo que va del mes, se han registrado casi treinta ejecuciones extrajudiciales, según reportes de la prensa. Más de ochenta en menos de dos meses. Estas muertes afectan principalmente a jóvenes, como los mellizos adolescentes Randy Omar y Omar Randy Borges, quienes fueron asesinados en sus camas a las siete de la mañana. Su abuela aseguró que los entregó a la Policía, pero esta no los apresó porque no tenían antecedentes delictivos. Sin embargo, eso no los salvó de la muerte.

La ministra de Interior y Policía, Faride Raful, ha sido criticada por su silencio frente a estos casos. También se menciona a la procuradora general, Yeni Berenice Reynoso, quien, según su discurso en 2019, se comprometió a combatir las ejecuciones extrajudiciales. Sin embargo, desde agosto de 2020, su enfoque se ha centrado en la lucha contra la corrupción, dejando de lado temas como los derechos humanos.

En contraste, casos de corrupción, como el de Mimilo Jiménez Collie, quien se habría desfalado al Estado en 41,185 millones de pesos, han tenido tratos más suaves. A Jiménez Collie se le ofreció convertirse en delatador y devolver 715 millones de pesos, lo que le permitió salir del proceso judicial. Mientras tanto, los mellizos Borges, que vivían en un barrio popular, no tuvieron la misma suerte.

El artículo 24 de la Ley Orgánica del Ministerio Público establece que los miembros del Ministerio Público pueden impartir órdenes a la Policía, quienes deben cumplirlas sin cuestionar su legalidad. Esto plantea preguntas sobre si el silencio de Reynoso es complicidad por omisión o una política que prioriza la vida de los ricos sobre la de los pobres.