El cuidado también es un derecho y un trabajo

La República Dominicana ha comenzado a reconocer el cuidado como un derecho fundamental y una labor que debe ser protegida y valorada. El pasado 29 de octubre se conmemoró el Día Internacional de los Cuidados y el Apoyo, una fecha que pone en evidencia la importancia de las labores de cuidado en la sociedad, especialmente realizadas por mujeres.

Según la Oficina Nacional de Estadística (ONE), el 44.8% de las mujeres de 15 años y más en el país realizan trabajo de cuidados no remunerado, frente al 24.3% de los hombres. Además, las mujeres dedican un promedio de 16.4 horas semanales a estas labores, mientras que los hombres destinan 9.6 horas. Esta desigualdad afecta las oportunidades de empleo, formación profesional, ingresos y acceso a la seguridad social de las mujeres.

El derecho al cuidado también tiene fundamento en la Constitución Dominicana. El artículo 39 obliga al Estado a promover condiciones para que la igualdad sea real y efectiva; el artículo 57 establece la protección de las personas de la tercera edad, mientras que el artículo 60 reconoce el derecho a la seguridad social. Estas disposiciones refuerzan la idea de que el cuidado no debe depender exclusivamente de la capacidad económica de las familias ni de la disponibilidad de las mujeres para asumirlo.

Recientemente, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, mediante la Opinión Consultiva OC-31/25, reconoció el derecho autónomo al cuidado, lo que implica que el cuidado no se entiende únicamente como una obligación moral o familiar, sino como una dimensión jurídica que exige medidas de protección y corresponsabilidad.

El Gobierno dominicano ha dado pasos concretos al anunciar que once instituciones vinculadas a la Política Nacional de Cuidados tienen contemplados RD$21,977 millones en el proyecto de Presupuesto General del Estado para 2027. Sin embargo, el verdadero desafío no consiste solamente en asignar recursos, sino en garantizar que estos se traduzcan en servicios accesibles, eficientes y de calidad.

En este contexto, se han identificado problemas en la implementación de programas sociales. Una auditoría de la Contraloría General de la República, correspondiente al período 2020-2024, reveló que 15 servidores públicos figuraban como beneficiarios del programa Familias de Cariño, incluidos 12 registrados como cuidadores y tres como personas envejecientes. También se señalaron expedientes incompletos y debilidades en los mecanismos de verificación.

La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) ha insistido en avanzar hacia una sociedad del cuidado como condición para alcanzar una igualdad sustantiva. En República Dominicana, esto exige fortalecer la corresponsabilidad entre el Estado, las familias, las comunidades y el sector privado, así como reconocer los derechos laborales de quienes se dedican profesionalmente a cuidar.

La implementación de un Sistema Nacional de Cuidados no puede limitarse a crear nuevas estructuras administrativas o distribuir recursos. Debe contar con criterios claros de selección, mecanismos de seguimiento y resultados verificables que garanticen que la asistencia llegue a quienes realmente la necesitan.

La República Dominicana tiene la oportunidad de convertir los cuidados en una verdadera prioridad pública, pero para lograrlo debe pasar del reconocimiento jurídico a la garantía efectiva de los derechos, de los anuncios presupuestarios a los resultados y de los programas aislados a una política institucional coordinada y sostenible.