Corte aplaza apelación de condenado a 20 años por presunto abuso sexual

La Tercera Sala de la Cámara Penal de la Corte de Apelación de Santo Domingo pospuso para el 23 de noviembre el conocimiento de un recurso de apelación presentado por César Miguel Trinidad, quien fue condenado a 20 años de prisión por presunto abuso sexual. La decisión fue tomada por los jueces Darío Gómez, Máximo Santiler y Julia Morfa, con el fin de que Trinidad sea trasladado a la corte para que se analice el fondo del recurso y se revise la medida de coerción.

La defensa de Trinidad, encabezada por los abogados Manuel García y Andrés Abrincole García, argumenta que el proceso judicial se basó en un documento que podría ser falso y que la acción penal ya habría prescrito. Según los abogados, los hechos imputados habrían ocurrido entre 2000 y 2002, pero la denuncia se presentó en 2024 y el procesamiento judicial se llevó a cabo en 2026. Esto, según ellos, excede el plazo de prescripción de 10 años establecido por el Código de Procedimiento Criminal.

Además, los abogados cuestionan la autenticidad de un documento atribuido al Programa de Apoyo a la Investigación y Verificación de Denuncia de Abusos Sexuales a Menores de Edad, que fue utilizado como prueba durante el proceso. En su recurso, solicitan anular la sentencia, declarar la extinción de la acción penal por prescripción y ordenar la libertad inmediata de Trinidad, así como el cese de las medidas de coerción y el archivo definitivo del expediente. Si la corte no acepta el argumento de prescripción, piden revocar o anular la sentencia condenatoria.

El recurso fue interpuesto contra la sentencia del Segundo Tribunal Colegiado de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de Santo Domingo, que condenó a Trinidad a 20 años de prisión y al pago de una indemnización de un millón de pesos. Según los abogados, el documento que se utilizó como prueba fue remitido el 25 de julio de 2022 al entonces fiscal del Distrito Nacional, Máximo Aristy Caraballo, y posteriormente suministrado al tribunal por Berta Mabel Soto, querellante en el caso.