Cárceles bajo control, calles más seguras

La República Dominicana enfrenta un desafío en la seguridad ciudadana: aunque las cárceles están cerradas, desde dentro se siguen coordinando delitos como extorsiones y amenazas. Esto ha llevado a proponer una Política Nacional de Cero Ocio Penitenciario, con el objetivo de controlar las actividades dentro de los centros penitenciarios y evitar que los delincuentes continúen operando desde allí.

La idea es que las cárceles no solo sirvan para encerrar a los delincuentes, sino también para desarrollar programas formativos y productivos que ayuden a reducir la reincidencia delictiva. Según el Ministerio de Educación, el costo anual de mantener a un interno en prisión es de aproximadamente RD$511,000, lo que equivale a casi cinco veces la inversión promedio anual por estudiante de secundaria.

El ejemplo de El Salvador, donde el régimen de Nayib Bukele implementó un control estricto en las cárceles, ha generado debates internacionales. Aunque se han reducido los homicidios, también se han reportado denuncias sobre detenciones arbitrarias. La lección para República Dominicana es que no se puede ignorar el impacto que tienen las cárceles en la seguridad del país.

El control penitenciario no solo protege el presente al evitar comunicaciones ilícitas y desarticular redes delictivas, sino que también puede influir en el futuro al organizar el tiempo de los internos de manera productiva. Esto implica invertir en programas que desarrollen capacidades humanas, en lugar de solo enfocarse en enfrentar las consecuencias de la criminalidad.