Dominicanos en el ejército ruso perderían la ciudadanía, advierte jurista

El jurista dominicano José Martínez Brito advirtió que los ciudadanos dominicanos que se han sumado a las filas del ejército ruso podrían perder la nacionalidad dominicana. Según el especialista, esta consecuencia legal aplica a menos que las autoridades clasifiquen y procesen sus casos bajo el delito de trata de personas.

Martínez Brito explicó que tanto la Constitución de la República Dominicana como el Código Civil contemplan la pérdida de la ciudadanía para aquellos nacionales que presten servicios militares a un gobierno o estado extranjero sin contar con la debida autorización del Poder Ejecutivo.

La base legal sobre ejércitos extranjeros

La legislación dominicana establece de manera clara las condiciones en las que un ciudadano pierde sus derechos de nacionalidad. Prestar servicio militar a una nación extranjera sin el permiso formal del gobierno dominicano se considera una falta grave a la soberanía y a la lealtad patria.

El jurista señaló que, en circunstancias normales, cualquier dominicano que decida uniformarse y combatir para las fuerzas armadas de otro país queda expuesto de forma automática a los castigos legales que retiran la ciudadanía dominicana.

Esta medida busca evitar que ciudadanos locales se involucren en conflictos armados internacionales en los que la República Dominicana no tiene participación oficial ni alianzas de carácter militar.

La diferencia entre víctimas y reclutas

La clave del asunto radica en cómo se aborde legalmente la situación de estos criollos. Martínez Brito sostuvo que la única forma de evitar la pérdida de la nacionalidad es demostrando que los involucrados fueron engañados, coaccionados o reclutados bajo esquemas engañosos.

Si las investigaciones determinan que se trata de un caso de trata de personas, los dominicanos serían catalogados legalmente como víctimas de una red criminal. De esta manera, quedarían protegidos ante la ley y no sufrirían el despojo de su ciudadanía.

Sin embargo, si se comprueba que los dominicanos viajaron y se enrolaron de manera voluntaria, motivados por pagos u otros beneficios económicos, las autoridades no tendrán un argumento legal para evitar la aplicación de las sanciones establecidas en el Código Civil y la Carta Magna.

El debate sobre el estatus de estos dominicanos surge en un momento delicado, en el cual se han dado a conocer reportes sobre nacionales reclutados en el exterior para sumarse a conflictos bélicos internacionales.