Red dominicana de matrimonios falsos en EE. UU. se desmantela

En Massachusetts, seis personas fueron acusadas de integrar una red que organizaba matrimonios falsos entre ciudadanos estadounidenses y extranjeros en situación migratoria irregular, con el objetivo de obtener beneficios migratorios en Estados Unidos. La operación, según documentos judiciales, fue dirigida por Jennifer González, de 43 años, quien habría liderado el negocio durante más de 10 años.

El esquema funcionaba cobrando entre 38,000 y 40,000 dólares a cada cliente extranjero. Con ese dinero, González pagaba a ciudadanos estadounidenses para que se casaran con los inmigrantes y participaran en la preparación de documentos que aparentaban que las uniones eran legítimas. La operación presuntamente organizaba entre 18 y 20 matrimonios fraudulentos al año, lo que habría permitido a su responsable generar cientos de miles de dólares anuales.

Matrimonios fraudulentos y su funcionamiento

Según la investigación, González captaba a los clientes extranjeros y les explicaba cómo construir una apariencia de matrimonio auténtico para presentar solicitudes ante el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS). Entre las instrucciones que presuntamente les daba figuraban abrir cuentas bancarias conjuntas, contratar seguros de vida y tomarse fotografías juntos, al estilo de las parejas casadas.

Los participantes también se fotografiaban durante las ceremonias de boda y en salidas sociales con sus cónyuges asignados, con el objetivo de utilizar esas imágenes como supuestas pruebas de una relación genuina. La mujer habría indicado a los clientes que necesitaba entre tres y cuatro meses para reunir la documentación necesaria antes de presentar las solicitudes migratorias. Además, les exigía firmar contratos para formalizar el pago de sus servicios.

Ciudadanos estadounidenses involucrados

Los acusados incluyen a Erica Daniels, Chreise Alejandro, Amara Pugh, Jessica Tavares y Jaylin Hill, quien cumple actualmente una condena en una prisión estatal por un delito relacionado con armas de fuego. Los cinco primeros, con excepción de Hill, residen en Fall River, salvo Tavares, quien vive en Attleboro.

La investigación reveló que los clientes extranjeros también tenían que pagar 500 dólares mensuales a sus cónyuges asignados o a personas cercanas a estos para mantener el acuerdo fraudulento. En uno de los episodios documentados, González fue grabada mientras dirigía la impresión y firma de un contrato presentado como un préstamo y recibía un adelanto de 3,000 dólares en efectivo para organizar un matrimonio fraudulento.