Detienen a mujer dominicana por organizar matrimonios falsos en EE. UU.

En Massachusetts, seis personas, incluida Jennifer González, de 43 años, residente en Fall River, República Dominicana, fueron acusadas de organizar matrimonios falsos para ayudar a extranjeros a obtener estatus migratorio en Estados Unidos. González, según la Fiscalía federal de Boston, habría dirigido durante más de 10 años una operación que generaba cientos de miles de dólares anuales.

Los otros acusados son Erica Daniels, Chreise Alejandro, Amara Pugh, Jessica Tavares y Jaylin Hill, todos residentes en Fall River. Los seis enfrentan cargos de conspiración para albergar a extranjeros en situación migratoria irregular, conspiración para cometer fraude matrimonial y fraude matrimonial. González, Daniels, Alejandro, Pugh y Tavares fueron arrestados este miércoles, mientras que Hill ya cumplía una condena por un delito relacionado con armas de fuego.

Cobraban hasta US$40,000 por matrimonio

Según documentos judiciales, González dirigía un negocio en el que extranjeros pagaban para que les organizaran matrimonios simulados con ciudadanos estadounidenses. El objetivo era presentar documentos fraudulentos ante el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) para obtener beneficios migratorios. La operación presuntamente organizaba entre 18 y 20 matrimonios fraudulentos al año y cobraba entre 38,000 y 40,000 dólares por cada uno.

González instruía a sus clientes sobre cómo aparentar que mantenían una relación matrimonial legítima. Entre las indicaciones figuraban contratar seguros de vida, abrir cuentas bancarias conjuntas y tomarse fotografías juntos. Además, les exigía firmar contratos para pagar por sus servicios.

Presuntas inversiones en República Dominicana

Durante la investigación, González habría dicho que utilizaba las ganancias del esquema para adquirir negocios y propiedades inmobiliarias en República Dominicana, al que se refería como "su país". Según documentos judiciales, González fue grabada en video y audio mientras dirigía la impresión y firma de un contrato presentado como un préstamo y recibía un pago inicial de 3,000 dólares en efectivo para organizar un matrimonio simulado.

En las grabaciones, supuestamente explicó que el contrato evitaba mencionar al futuro cónyuge porque eso sería incriminatorio y que los documentos estaban diseñados para ocultar el propósito fraudulento del acuerdo.